ACCIÓN POPULAR (I). En medio del rifirrafe entre el Ministerio de Minas y Energía y las empresas gasíferas en torno a que sí hay reservas de este combustible en Colombia y, por lo tanto, no había necesidad de importarlo y subir las tarifas a los usuarios, trascendió que varias asociaciones de consumidores interpondrán una acción popular ante la justicia con el fin de exigir que, en defensa del interés colectivo, se congele la subida del precio en 36% que fue anunciada días atrás por los prestadores del servicio domiciliario. “… Vamos a pedir la coadyuvancia de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo en esta causa, ya que esas entidades, como cabezas del Ministerio Público, deben propender por la defensa de los derechos fundamentales, pero también sociales y económicos de la población”, precisó una fuente de dichas asociaciones a un periodista de EL NUEVO SIGLO.

ACCIÓN POPULAR (II). Agregó que “… el contrapunteo entre el ministerio y las empresas distribuidoras no va para ninguna parte y no se ve tampoco que las superintendencias de Servicios Públicos y de Industria y Comercio vayan a tomar medidas inmediatas para frenar el alza en las tarifas, ya que las investigaciones apenas comienzan y podrían tomar meses… Entonces, nos toca a los consumidores acudir a la justicia en busca de medidas cautelares que impidan la afectación al bolsillo de millones de familias en todo el país… Por eso vamos a impulsar la acción popular para que las tarifas no se muevan hasta que no exista claridad sobre si había o no necesidad de importar gas más caro y traspasar el sobrecosto a los usuarios”.

MINSALUD INCUMPLIÓ. Varias asociaciones médicas y de pacientes están acusando al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de desacatar la orden de la Corte Constitucional, que vencía ayer, para cumplir con el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que se cancela a las EPS por cada afiliado que tienen y para ponerse al día con los giros de los llamados “presupuestos máximos”, que son los dineros que se reconocen por gastos en atención médica que no hacen parte del plan básico de servicios. Frente a ello, el exministro de Salud y Educación, Alejandro Gaviria, advirtió que el ministerio desacató la orden del Alto Tribunal en cuanto a “poner a funcionar una mesa técnica con el fin de corregir sus malas decisiones. Desfinancian la salud, afectan los pacientes y desatienden ahora las órdenes de la Corte. Terrible”.

DÁVILA EN WASHINGTON. La periodista y candidata presidencial Vicky Dávila comenzó ayer una gira en Washington, en donde dijo que abogará por los 50 millones de colombianos y por nuestro país, dejando solo un mensaje: “Petro no es Colombia. Tenemos que evitar a toda costa las sanciones de Estados Unidos que nos afectan a todos, destruyen nuestras empresas, los negocios y la economía y dañan a nuestros ciudadanos. Si el presidente Donald Trump sanciona a Colombia solo favorecerá el proyecto político destructivo de Petro y se pondrán en mayor riesgo las elecciones del 2026 porque Petro dirá que por dichas sanciones no hay elecciones libres, como lo hizo para justificar el robo de las elecciones en Venezuela por parte de Maduro”.