Varios de los más importantes dirigentes empresariales del país piensan pedirle al presidente Santos que les acepte, literalmente, una “encerrona” de un día completo, con todo el gabinete a bordo. Según conoció EL NUEVO SIGLO de una fuente cercana a uno de los llamados ‘cacaos’, la idea es que el Gobierno y el sector productivo se sienten a aterrizar en temas y proyectos concretos, incluso con proyecciones presupuestales realistas, el cómo, cuándo y dónde de la participación del sector privado en el arranque de la implementación del acuerdo de paz con las Farc. El alto dirigente empresarial viene sosteniendo que “se ha hablado mucho sobre el tema” pero es necesario “aterrizar” ya en hechos concretos, como por ejemplo las empresas que podrían estar empleando en el corto plazo a los guerrilleros desmovilizados que quieran empezar a trabajar ya, o cuáles proyectos productivos viables se pueden arrancar para que los desmovilizados no pasen mucho tiempo sin oficio desde el momento en que dejen las armas.

Juristas preguntan sobre cupos en Tribunal de Paz

En los pasillos judiciales se afirma que varios juristas y exmagistrados ya han empezado a preguntar aquí y allá respecto a cómo se integrará el Tribunal Especial de Paz que se creará en el marco de la implementación del acuerdo con las Farc. Se dice, incluso, que algunos magistrados que están próximos a salir de las altas cortes no han ocultado su interés de hacer parte eventualmente de la nueva estructura de justicia transicional pactada por el Gobierno y la guerrilla. Todo depende, claro está, de lo que termine pasando con el ‘fast track’, ya que si la Corte Constitucional no revive este mecanismo que acelera el trámite legislativo de leyes y actos legislativos relacionados con el acuerdo, entonces la aprobación por la vía ordinaria en el Congreso de la estructura de la justicia transicional demorará por lo menos un año.

No se descarta nuevo pulso por Reficar

Tan pronto como el martes el contralor general Edgardo Maya dio a conocer el resultado de la profunda auditoría que realizó al proceso de construcción de la refinería de Cartagena (Reficar), en la bancada uribista se dio la orden de empezar a revisar a fondo el extenso documento, con el fin de establecer qué señalamientos o responsabilidades se hacían a los dos gobiernos de hoy expresidente y senador. No se descarta que el Centro Democrático cite a un debate de control político para esclarecer la repartición de culpas en un caso que el propio Maya catalogó como el daño fiscal más grande en la historia del país, ya que está tasado en más de 8,5 billones de pesos. No hay que olvidar que cuando estalló, meses atrás, el escándalo por los sobrecostos de alrededor de 4.000 millones de dólares en Reficar, el uribismo y el santismo iniciaron un cruce de acusaciones sobre las responsabilidades de uno y otro en el descalabro.

El efecto del cortocircuito ganadero

Las relaciones entre el Gobierno y el más tradicional gremio ganadero han sido críticas durante los últimos años, a tal punto que hay un corto circuito entre Fedegan y el Ejecutivo que, incluso, apoya una nueva  asociación que ha surgido en los últimos meses. Esta situación llamó la atención de un grupo de inversionistas extranjeros que, según conoció EL NUEVO SIGLO, venía auscultando la posibilidad de proyectar posibilidades de negocios en materia de hatos y exportaciones cárnicas a mediano plazo. Sin embargo es claro que la tensión política entre el Gobierno y Fedegan ya pasó a limites preocupantes, como quedó evidenciado en el último cónclave del gremio al cual no fue invitado el presidente Santos pero sí muchos uribistas y contradictores del Gobierno. Incluso hace una semana el Jefe de Estado le dio un fuerte espaldarazo a la Nueva Federación Ganadera (NFG) de Colombia, durante la clausura del foro ‘Encuentro de la Prosperidad Ganadera para Consolidar la Paz’, realizado en Bogotá.