Tras las preocupantes conclusiones de la Contraloría sobre el descalabro de 8,5 billones de pesos en la construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar), monto que podría ser mayor ya que falta una segunda parte de la auditoría, todas las miradas se dirigen a la Fiscalía, ya que cuando asumió meses atrás Néstor Humberto Martínez como jefe del ente acusador, una de sus primeras declaraciones era que le pondría el acelerador a este proceso penal e incluso indicó que antes de terminar este año se darían las primeras decisiones de fondo. Es más, a comienzos de octubre en un foro de la Anif, el Fiscal General dijo que “la integridad patrimonial de los macroproyectos está en la lupa de nuestros fiscales. El más importante, sin duda, es Reficar en el que las indagaciones, aunque son muy complejas, avanzan con pie firme y a estas alturas son objeto de privilegiada cooperación judicial internacional. Coadyuvo personalmente el alcance de esta investigación y estoy en condiciones de asegurarle al país que sus resultados se conocerán en el curso de este trimestre. Hablamos de un proyecto de más de 8 billones de dólares”.

Peros a ‘fast track’ en delitos contra niños (I)

Ya hay peros a la viabilidad del proyecto de ley que radicó esta semana el partido de La U para que los operadores judiciales le den prioridad a los procesos penales por delitos graves en donde las víctimas sean menores de edad o mujeres. La iniciativa, que fue radicada por el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, pretende que el operador judicial le dé prioridad y un trato preferencial a estos procesos. De esta forma, la indagación o investigación anterior a la audiencia de imputación de cargos no superaría los seis meses para los delitos de homicidio, acceso carnal violento, secuestro, explotación sexual o feminicidio, donde la víctima sea un menor de 14 años o de 18 años con discapacidad. Según un exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no se puede “legislar en caliente, por más indignación que produzca el rapto, violación y asesinato de la niña en Bogotá”. Recordó que las últimas reformas al Código de Procedimiento Penal se introdujeron factores de productividad y celeridad en la resolución de los procesos penales y la definición de la situación jurídica de los sindicados.

Peros a ‘fast track’ en delitos contra niños (II)

“… Introducir ahora un procedimiento excepcional no es práctico desde el punto de vista de la eficiencia de jueces y fiscales, que incluso ahora deben ser más eficientes por cuenta del recientemente aprobado proyecto de pequeñas causas, que también modificó el número de audiencias y los términos de los procesos por delitos menores, forzando a los operadores judiciales a resolverlos rápidamente… No podemos ahora sumar otra prioridad, ya que se podría saturar la vía la excepcionalidad judicial”, dijo el exmagistrado. Recordó, también, que si la instrucción del proceso y el acervo probatorio son sólidos, cualquier proceso puede reducirse a la mitad del tiempo o incluso forzar al sindicado a allanarse a los cargos y buscar rebajas desde el mismo arranque de la causa.

Las medias de deserción y reincidencia criminal

Las autoridades de distintas regiones del país han recibido informaciones, aisladas pero cada vez más frecuentes, sobre el aumento de los casos de deserción de guerrilleros de las Farc. La información ha sido transmitida al alto Gobierno en donde poco eco, al menos público, se hace a esas versiones. Sin embargo, se sabe que la cúpula de las Farc también tiene datos de primera mano, conseguidos en los barridos de las últimas semanas sobre sus distintos frentes y cuadrillas. Aunque no ha trascendido todavía cuántos subversivos no le entrarían al proceso de desmovilización, una persona que estuvo muy cerca de la negociación en La Habana le dijo días atrás a varios periodistas que “estas situaciones eran totalmente normales”, recordando que en otros procesos de paz la deserción siempre está entre el 10 y el 20%, y que por los mismos porcentajes están los niveles de reincidencia.