Con miras a que en marzo se presentará al Congreso el proyecto de reforma fiscal o tributaria, la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios está dando los últimos ajustes al informe que el próximo 26 de febrero entregará al Gobierno con las principales recomendaciones para la modificación del sistema tributario del país, luego de 5 meses de estudio.

Por la crisis económica que causó la pandemia, es urgente la necesidad de recaudo adicional del Gobierno de 2% del PIB (cerca de $20 billones).

La idea es que la reforma se centre, en parte, en los beneficios que el sistema mantiene en IVA, renta para personas naturales y empresas, monto que hoy suman $92,4 billones.

Pero además, todo indica que parte de los beneficios tributarios estarán dirigidos a las mipymes que no hagan parte del régimen simple. Por tanto aplicarán las pequeñas y medianas empresas que cumplan las características definidas en el Decreto 957 de 2019. Es decir: las microempresas del sector manufacturero, cuyos ingresos anuales sean inferiores o iguales a 23.563 UVT, ($855 millones); las pequeñas empresas de ese mismo sector, cuyos ingresos al año sean superiores a 23.563 UVT ($855 millones) y menores o iguales a 204.995 UVT ($7.442 millones).

La fecha preliminar de la primera socialización por parte de la Comisión está prevista para este 26 de febrero. El director de la DIAN, José Andrés Romero, explicó que el grupo sesionó en 36 oportunidades y los análisis resultantes serán tenidos en cuenta.

Recursos

A su vez, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha reiterado la necesidad de tramitar el proyecto ante el Congreso de la República, con el fin de adquirir recursos para la inversión social, cubrir el gasto extra que generó la pandemia y reducir el nivel de deuda del país, que finalizó 2020 en más de 60%.

Carrasquilla señaló que “los resultados de la Comisión van a ser un insumo muy importante para la estrategia fiscal que elegiremos para el mediano plazo. Necesitamos recursos adicionales para la reactivación económica y tienen que llegar a partir de que se normalice la economía. La discusión del sistema tributario tiene que darse en el Congreso”.

Solo el IVA acumula beneficios por $74,9 billones y las exenciones en renta totalizan $17,11 billones.

Aunque desde diferentes gremios como Fenalco y la Andi se le ha pedido al Gobierno no adelantar una reforma tributaria este año dada la debilidad de las empresas por el impacto económico de la covid-19, todo indica que este proyecto se presentará al Congreso en marzo.

Asimismo, el propio presidente Iván Duque confirmó que al comienzo de esta legislatura llevará una propuesta en ese sentido al Congreso, que incluirá la eliminación de exenciones y un paquete para mitigar el efecto social que ha traído la pandemia.

Pistas

Por su parte, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dio pistas sobre algunas de las medidas que se incluirían en la propuesta que llegará al Congreso.

Según Londoño, el Ministerio de Hacienda y la DIAN presiden la Comisión de Expertos y han trabajado en varias mesas técnicas. “En este proceso se han escuchado y revisado las propuestas y recomendaciones con el liderazgo de la secretaría técnica de la OCDE. Posterior a la presentación del primer informe, se hará un balance de las recomendaciones, y se analizará su impacto con el fin de incluirlas en un proyecto de ley. Las fechas para ello son contingentes al avance de la pandemia y la recuperación de la economía”.

Asimismo, el viceministro explicó que la propuesta tendrá modificaciones en el recaudo de impuestos y en la distribución de recursos por medio del gasto público.

Londoño confirmó que teniendo en cuenta la coyuntura por la pandemia y la reactivación económica, los principales efectos de ese paquete de propuestas se empezarían a ver desde el 2022. “Con el fin de generar más certeza sobre las perspectivas fiscales del país, en los próximos meses se pondrá a consideración del Congreso un proyecto de ley que busca lograr una mayor equidad en el país. (...) En la medida en la que buena parte de estas medidas tendrán vigencia a partir de 2022, se deja un margen de tiempo suficiente para permitir que se consolide la recuperación de la economía”.