Masacres en Colombia aumentaron 164% : ONU

Foto cortesía Defensoria del Pueblo
Aumento de masacres, ‘falsos positivos’ y asesinatos de líderes sociales, las manchas de la Nación

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Nada bien le fue a Colombia en el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) sobre la situación de estas garantías fundamentales en el país durante 2018.

Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de la ONU para los DH en Colombia, expresó su preocupación por tres temas fundamentales: el aumento en el número de masacres en diferentes regiones del país, de líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como el incremento en ejecuciones extrajudiciales -‘falsos positivos’- que vinculan a integrantes de la fuerza pública.

El informe consigna que en 2018 el número de masacres aumentó en 164% respecto de 2017, al pasar de 11 a 29 casos, siendo Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Caquetá los departamentos más afectados, al igual que donde hubo más asesinatos de defensores de derechos humanos.

Destaca también el documento que en la mitad de los municipios del país aumentó la tasa de homicidios en el período de estudio, aunque San José de Uré (Córdoba) y Barrancas (La Guajira) registran las mayores tasas de homicidios: 1.473% y 880%, respectivamente.

También se incrementó el reclutamiento forzado de menores en zonas rurales de Amazonas, Caquetá, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.

“El Acnudh manifiesta su preocupación por los 11 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales registrados en Antioquia, Arauca, Huila, La Guajira, Magdalena y Norte de Santander. En Arauca y Norte de Santander se han registrado casos por tercer año consecutivo. La Policía Nacional sería presuntamente responsable de seis casos, y el Ejército, de cinco”, consigna el balance divulgado ayer.

Y recuerda que, según la Misión de Verificación de la ONU, en los dos años que lleva la firma del Acuerdo de Paz con las desmovilizadas Farc han sido asesinados 85 de sus antiguos integrantes.

Defensores de DH

Otro motivo de preocupación para la ONU es el “el alto número de asesinatos (110) de defensoras de los derechos humanos” en el período examinado. Aunque el informe no habla tácitamente de sistematicidad en este tipo de conductas criminales, afirma que ese número de homicidios “sí permite identificar tendencias en el comportamiento de estas agresiones”.

La muerte violenta de defensores de derechos humanos afectó a 24 departamentos del país, en especial Antioquia, Cauca y Norte de Santander en conjunto con 37% del total de casos registrados en 2018.

De esos 110 asesinados, 27% de las víctimas eran miembros de pueblos indígenas (18 casos) o afrocolombianas (12 casos), además del incremento de otros tipos de agresiones: amenazas, intentos de asesinato y violaciones de los derechos a la intimidad y a la propiedad.

También resalta el análisis que el 93% de los casos ocurrió en regiones donde persisten causas sociales que motivaron el conflicto “y que propician el surgimiento de economías ilícitas, controladas o disputadas por grupos criminales, lo que también provoca niveles endémicos de violencia”.

Como presuntos autores de estos homicidios se señala a estructuras paramilitares desmovilizadas (40%), seguidas de personas o grupos sin identificar, Eln, Epl, miembros de la fuerza pública y disidencias de las antiguas Farc.

Otros dos grupos fueron incluidos en el informe como blanco de amenazas: la población Lgbti (dos homicidios y seis agresiones) y los periodistas (tres homicidios, 200 amenazas y 477 agresiones).

Implementación del Acuerdo

El informe de la ONU destina un capítulo especial para analizar la implementación del Acuerdo de Paz.

Al respecto, asegura que el Gobierno de Iván Duque “tendrá la responsabilidad histórica” de continuar con la implementación del Acuerdo y de avanzar en la construcción de un país en paz y equitativo, donde toda la población tenga garantizado el pleno acceso a los derechos humanos.

Sin embargo, se formulan varios reparos al proceso de implementación. Por ejemplo, dice que mientras el Secretario General de la ONU en su más reciente informe estimó que las medidas efectivas de prevención podían disminuir hasta en 30%, los costos generados por la violencia y los conflictos en “el presupuesto de defensa del Estado se incrementó en más del 5%”.

Por ello, le pide a Colombia priorizar el gasto público en prevención, en especial en las zonas rurales apartadas y urbanas marginales.

Justicia Transicional

La ONU también se refiere en su informe –el segundo desde que se firmó el Acuerdo de Paz- a la implementación del punto 5 del Acuerdo del Teatro Colón (creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición) del que dice “propiciará, sin olvidar lo ocurrido en el pasado, la reconciliación de la sociedad, generando un ambiente favorable para las transformaciones necesarias que permitan un mayor acceso y goce de los derechos humanos”.

Respecto de la JEP, el informe expresa las preocupaciones que ya zanjó la Corte Constitucional esta semana: el sistema diferencial para el juzgamiento de militares, pues dice que 1.910 integrantes del Ejército, incluidos tres generales y varios coroneles retirados, son procesados por presuntas ejecuciones extrajudiciales.

“El Acnudh expresa su preocupación por las dificultades de la JEP para garantizar la rendición de cuentas de los máximos responsables y la comparecencia de terceros civiles involucrados en el conflicto armado. También le preocupan las posibles prerrogativas indebidas para el juzgamiento de miembros del ejército”, señala el informe.

 

Las recomendaciones

Para el informe, la Oficina de DH de la ONU dice que en 2018 realizó 1.339 misiones sobre el terreno, y destaca “la apertura internacional” del Gobierno para permitir la visita el año pasado de un Relator Especial.

Entre otras, el documento presenta varias recomendaciones:

- Al Eln: que renuncie al secuestro y que libere a las personas que aún mantiene retenidas.

- Al Gobierno y Eln: que trabajen en pro del cese el fuego bilateral.

- Exhorta a todas las entidades del Estado a respetar la independencia de la Justicia Transicional y en particular la de la JEP.