“En el marco del respeto de todos los ciudadanos, tanto de quienes protestan como de quienes no lo hacen, respaldamos el diálogo nacional como forma correcta de dirimir las controversias y desescalar la violencia”, manifestó el magistrado Antonio Lizarazo, presidente de la Corte Constitucional, a nombre de sus colegas que se reunieron ayer con el presidente Iván Duque.
El encuentro se produjo en el marco del diálogo nacional que empezó a adelantar el presidente Duque desde el miércoles y que hoy continuará con los alcaldes de las ciudades capitales.
Lizarazo expresó que, “atendiendo a la convocatoria a las altas cortes” hecha por Duque, “manifestamos de manera conjunta que, primero, la justicia en la separación de poderes y en colaboración armónica con la institucionalidad respalda el orden institucional y democrático en el marco del respeto a la Constitución Política, que constituye el gran pacto de paz y convivencia pacífica como la brújula de la Nación”.
Con Lizarazo acudieron a la cita en la Casa de Nariño los presidentes de la Corte Suprema de Justicia (Luis Antonio Hernández), del Consejo de Estado (Marta Nubia Velásquez), del Consejo Superior de la Judicatura (Gloria Stella López), de la Jurisdicción Especial para la Paz (Eduardo Cifuentes) y de la Comisión de Disciplina Judicial (Julio Andrés Sampedro).
Ellos condenaron y rechazaron “los actos criminales de violencia, de terrorismo, de vandalismo y de vías de hecho, que afecta directamente el derecho fundamental a la protesta, a la expresión libre en el marco de la Constitución Política y al funcionamiento general de la sociedad”, anotando que “los delitos que en el marco de la protesta se han presentado contra cualquier ciudadano o servidor público, deben ser investigados, priorizados y sancionados por las autoridades competentes”.
Por su parte, Duque declaró su solidaridad con todas las víctimas de la violencia y destacó la disposición de los poderes públicos a contribuir, mediante la colaboración armónica, para “escucharnos como sociedad y encontrar soluciones”, en el marco de la separación de poderes.
El jefe de Estado indicó que “en este espacio que hemos tenido el día de hoy, también nos unimos genuinamente y de corazón con todas las víctimas de la violencia y, también, expresamos nuestra solidaridad”.
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Igualmente, señaló que “sea esta una ocasión para mostrar que los poderes públicos, en medio de las circunstancias, siempre en su separación de poderes, se unen para proteger, para preservar la institucionalidad de nuestro país”.
De la misma manera, el mandatario calificó el encuentro con los representantes de las altas cortes como “fructífero, donde seguimos dando un mensaje claro: Colombia tiene que unirse para salir adelante de todos los estragos que nos ha dejado la pandemia del covid-19”.
Así mismo, reiteró el rechazo categórico a “la violencia, a las vías de hecho y a todas las manifestaciones y expresiones que atentan contra la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos”.
“Valoro profundamente el énfasis que se ha hecho en que todas las conductas, contra los ciudadanos y contra los servidores públicos, que se hayan presentado en el territorio durante los últimos días deben ser investigadas y sancionadas”, puntualizó.
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Diálogo
Al cierre de esta edición, la plenaria del Senado sesionaba en audiencia pública, escuchando las voces de quienes han venido liderando el paro nacional.
El presidente del Senado, Arturo Char, señaló que “igualmente hemos invitado a los representantes de los gremios, la sociedad civil y al Gobierno nacional para que en este escenario deliberativo de la democracia y siguiendo los canales establecidos en la Constitución y la ley, abordemos la situación que atraviesa nuestro país”, precisando que “para esta presidencia del Senado es fundamental garantizar el derecho a protestar y a disentir. Así como también el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, a la propiedad, y a la dignidad humana de quienes protestan y quienes no lo hacen”.
Ayer mismo el Centro Democrático propuso a través de un comunicado la instalación de mesas de discusión regionales y locales.
Tras señalar que “en democracia, el diálogo no puede ser forzado por la violencia y la delincuencia”, la colectividad planteó que, “con la coordinación del Gobierno nacional, convoquen mesas de discusión con estudiantes, iglesias y confesiones religiosas, profesores, trabajadores, sindicalistas, empresarios, comerciantes, organizaciones gremiales, miembros de la reserva de la Fuerza Pública, y demás organizaciones de la sociedad civil, con el fin de analizar temas de agenda local, departamental y nacional, y proponer soluciones que puedan conducir a la superación del profundo daño que se le está causando al país”.
“La violencia y la destrucción de la economía, que solo ahondan las quiebras, el desempleo y la pobreza, deben pararse de inmediato. Solo conducen a la ruina y a la imposibilidad de la superación de la pandemia”, precisó el uribismo en su comunicado, anotando que la organización política “tendrá toda la disposición de acudir para escuchar y buscar opciones útiles para la democracia”.
Agenda
La comisión designada el miércoles por el presidente Duque sostuvo ayer una reunión con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, así como con representantes de la Misión de la ONU en Colombia, para reforzar diálogos y lograr acuerdos que permitan superar la situación actual, articulando acciones para garantizar el abastecimiento de alimentos y combustible, y garantizar los derechos humanos de los ciudadanos.
Los enviados por el Gobierno nacional son las directoras del Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa, y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina María Arbeláez, así como los consejeros para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, para las Regiones, Ana María Palau, y para la Juventud, Juan Sebastián Arango, y los viceministros del Interior, Carlos Alberto Baena, y de Defensa, Jairo García.
Varios rectores universitarios suscribieron una carta abierta al país haciendo un llamado a fortalecer el diálogo alrededor de los temas que requieren de atención urgente en el país, como pacto fiscal y desarrollo económico, derecho a la salud y sistema de salud, fortalecimiento de la democracia, implementación plena de los acuerdos de paz, Estado de derecho tanto para la protesta social como para la Fuerza Pública y el derecho a la educación.
“Debemos construir mecanismos sociales, legales e institucionales para garantizar el respeto a la vida, la dignidad y los demás derechos humanos para todos los ciudadanos, asegurando el derecho a la protesta social y la prevención del uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza, así como la protección de los bienes públicos y privados”, aseguraron los rectores de las universidades Nacional (Dolly Montoya), Javeriana (Jorge Humberto Peláez), de Antioquia (John Jairo Arboleda), los Andes (Alejandro Gaviria), Tecnológica de Pereira (Luis Fernando Gaviria), Externado de Colombia (Hernando Parra) y del Valle (Édgar Varela).