El Senado tendrá que definir en las próximas semanas cómo quedarán las fuerzas del alto Tribunal para los últimos dos años de la administración Duque

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Entre la expectativa y la preocupación de diferentes sectores se mueve el péndulo de la elección por parte de la plenaria del Senado de la República de dos de los nueve magistrados que integran la Corte Constitucional.

Se trata de un asunto de la mayor trascendencia: para la academia, pues para las universidades tener a uno de sus egresados en ese alto Tribunal es motivo de orgullo y referencia; también lo es para el Senado, pues detrás de la elección está su representación en el organismo que salvaguarda la Constitución.

Pero también y quizás más importante, lo es para el Gobierno nacional, por las decisiones que pueda tener esa Corporación frente a sus políticas públicas.

Uno de los dos cupos que están por proveerse es el del magistrado Luis Guillermo Guerrero, cuyo periodo vence el 4 de septiembre. Si bien, el Consejo de Estado, nominador de este cupo, ya definió la terna de candidatos, simultáneamente se conoció de la renuncia por motivos personales del togado Carlos Bernal Pulido cuyo periodo se terminaba en mayo de 2025.

La Corte Constitucional está compuesta por nueve juristas: tres postulados por la Corte Suprema de Justicia, tres por el Consejo de Estado y tres por la Presidencia de la República. Todos son elegidos por la plenaria del Senado.

Con las vacantes existentes, el Senado tendrá que proveer poco más del 20% de los cupos en el máximo Tribunal de justicia constitucional del país y donde un solo voto puede marcar la diferencia.

De hecho, en la Corte Constitucional históricamente se ha hablado de dos bloques: uno de cuatro y otro de cinco juristas, en cuyas manos ha estado la evolución jurisprudencial de la Nación durante las últimas tres décadas.

Pero la salida de los magistrados Guerrero y Bernal, considerados de la línea más conservadora de la Sala Plena de la Corte, altera aún más la ya de por desbalanceada correlación de fuerzas políticas dentro de la Corporación.

Ambos conformaban, junto a la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, el bloque más moderado de la Corte. Los otros seis magistrados han sido identificados como de línea liberal progresista.

Es por ello que el reemplazo de Guerrero será determinante. El Senado tendrá que elegir entre los juristas Jorge Enrique Ibáñez, Natalia Ángel Cabo y Marino Tadeo Henao Ospina. De ellos se advierte que Ibáñez tiene la línea más conservadora, muy similar a la del magistrado saliente.

Y Bernal Pulido, aunque fue postulado por el Gobierno nacional -la magistrada Pardo fue igualmente nominada por el Ejecutivo- en la administración de Juan Manuel Santos, también es muy cercano a la misma corriente filosófico-jurídica.

Pero ahora será el presidente Iván Duque Márquez quien tendrá que analizar la filigrana de la Corte para postular una terna de candidatos que le garantice cierta estabilidad jurídica.

Claro, los nominadores no tienen asegurado el voto de sus postulados ni estos están en la obligación de hacerlo, y así ha quedado demostrado en muchas ocasiones.

Basta recordar que mientras Guerrero, Bernal y Pardo coincidieron en asuntos como el aborto, la magistrada se declaró impedida por haber sido postulada justamente por la Presidencia de la República que suscribió el Acuerdo de Paz.

Con todo, a consideración de la Corte están asuntos muy delicados y de gran valía para el Ejecutivo, entre ellos, buena parte de los decretos dictados al amparo de la emergencia sanitara generada por la pandemia de coronavirus: aún está pendiente de revisión constitucional alrededor del 30% de dichas normas.

También están los proyectos de fracking y la cadena perpetua para violadores, además de la pena de muerte de la que ya fue admitida una demanda.

Jurídicos, no políticos

Expertos consultados por EL NUEVO SIGLO coinciden en que en las altas Cortes de justicia “no debería preocupar” la elección de un magistrado, pues se supone que estas corporaciones fallan en derecho.

“Lo que la ciudadanía quiere es que a la Corte lleguen personas con una gran solvencia moral y profesional, y que el magistrado sea independiente aún del Gobierno de turno o de aquella administración que lo haya ternado”, consideró Kennet Burbano Villamarín, director del Observatorio Ciudadano Constitucional de la Universidad Libre.

Para este experto, “las tendencias de filosofía, ideología política o religiosa de un magistrado no pueden verse reflejadas en sus decisiones, en especial, frente a la protección de los derechos humanos y el control de constitucionalidad que ejerce la Corte”.

Por su parte, el expresidente de esa Corporación Alfredo Beltrán Sierra sostuvo que “en la Corte no se puede hablar de bloques, como sucede con los bloques parlamentarios del Congreso”, pero reconoció que sí existen “empatías intelectuales” entre magistrados por su formación jurídica en derecho.

Sin embargo, otro expresidente de la Corte Constitucional le dijo a este Diario, pidiendo reserva de su nombre, que “en todas las cortes constitucionales del mundo entero los fallos son jurídicos, aunque sus implicaciones sean políticas, porque de eso se trata: de proteger la Constitución Política”.

De ahí, dijo la fuente, “el constituyente del 91 quiso que la más alta Corporación judicial del país estuviera conformada por las tres ramas del Poder Público”.

Corte moderada

Los juristas consultados coincidieron en que la actual Corte Constitucional ha sido “un poco tímida” en algunas de sus posturas frente a las anteriores Cortes.

Al respecto, el exmagistrado Beltrán Sierra opinó que “esta Corte es menos radical que las anteriores en la defensa de los derechos sociales. En algunos casos ha sido más de centro, en otros ha hecho giros sorpresivos”.

Lo mismo planteó Burbano Villamarín cuando advirtió que “en algunos asuntos parece haber regresividad: el toreo, la titularidad de los derechos de los animales, las consultas populares, o la sentencia del aborto que generó desconcierto por inhibirse para fallar una demanda que la misma Corte admitió”.

Todas las anteriores son consideraciones que, con seguridad, tendrá que evaluar el Senado de la República cuando decida cuál será el perfil que debe tener la Corte que examinará la constitucionalidad de las políticas públicas que implemente la administración Duque Márquez en los dos años que le restan en el solio de Bolívar.