No es un secreto para nadie que la pandemia del coronavirus trae consecuencias negativas para la economía, tanto desde el lado de la oferta como de la demanda, pues se afectan las cadenas de producción y los ingresos de los ciudadanos-consumidores.

Sin embargo, la normalización absoluta de las actividades económicas en momentos en los que la pandemia aún no está derrotada, puede fortalecer la propagación del Covid-19.

Ante esta situación, la ONU, mediante un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), propuso el pasado jueves 23 de julio una renta básica para unos 3.000 millones de personas en todo el mundo.

El documento 'Ingreso Básico Temporal: Proteger a las Personas Pobres y Vulnerables en los Países en Desarrollo' explica que si ese número de personas “no tuvieran que salir a trabajar todos los días para sobrevivir, se podría frenar el ritmo de contagio del coronavirus”, y propone para ellos una renta básica durante seis meses que costaría casi 200.000 millones de dólares.

¿Qué es un Ingreso Básico Temporal o Renta Básica?

Según la Red de Renta Básica, presidida por el doctor en economía Daniel Raventós, “es una asignación monetaria pública incondicional a toda la población”.

Esta asignación haría parte de un sistema de seguridad social en el que los ciudadanos que cumplan los requisitos que la ley establezca pueden beneficiarse de un ingreso mínimo, independientemente de si tienen trabajo o no.

Este ingreso sería garantizado por el Estado, es decir, es un derecho ciudadano, y podría ser universal  o focalizado en quienes más lo necesiten, como propone la ONU.

Por supuesto una propuesta de este tipo tiene argumentos coherentes a favor y en contra, todo según la ideología política desde la que se hable y la corriente de pensamiento económico con la que se simpatice. También desde la posición que se ocupe en la sociedad.

Es lógico pensar que a un trabajador informal le gustará la idea y a los contribuyentes, que tendría que pagar más impuestos para costearla, no le llame tanto la atención.

¿Es posible y viable la propuesta de la ONU?

La respuesta a esta pregunta tiene dos dimensiones, la política y la económica.

Cuando hablamos de la “posibilidad”, nos referimos a que exista una voluntad política para hacerla real. En cuanto a la “viabilidad”, la respuesta tiene que ver con lo económico, es decir, si existen los recursos.

Entonces, para que la propuesta de la ONU se haga realidad tiene que coincidir la voluntad política de quienes toman las decisiones con que existan los recursos materiales y logísticos para concretarla.

Según el PNUD, la medida de seis meses estimada en USD 199.000 millones no solo es viable, sino urgente. Dentro de los cálculos que hacen, dicen que “ese costo representa el 12% del total de la respuesta financiera al Covid-19 prevista para 2020” o el equivalente a un tercio de lo que “los países en desarrollo deben pagar por su deuda externa este año”.

El informe propone reorientar recursos destinados al pago de esas obligaciones, pero para poder hacerlo, los países tendrían que renegociar las condiciones de esta deuda, que generalmente está expresada en bonos.

Los tenedores de estos tendrían que aceptar cambiar las condiciones de pago de los mismos, pero, así lo acepten, esto podría tener un costo en la reputación del Estado que lo solicite, ya que perdería credibilidad a la hora de volver a necesitar financiarse emitiendo bonos.

Ahora bien, la propuesta del PNUD se plantea con urgencia para detener rápidamente la propagación de la pandemia y la renegociación de las condiciones de una deuda de este tipo podría tardar meses.

Sin embargo, se han dado algunos pasos en este sentido. Desde el 25 de marzo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial pidieron a los acreedores bilaterales de los países más pobres “congelar el reembolso de sus deudas”, para darles liquidez en la lucha contra la pandemia.

Y el 13 de abril el FMI aprobó un alivio de deuda para 25 países durante seis meses, pero cada Estado es soberano a la hora de decidir cómo se ejecutan esos recursos disponibles, así que la posibilidad de una Renta Básica tampoco estaría garantizada por este lado.

Si bien un Estado es una entidad soberana, su funcionamiento al interior es complejo y lograr que una medida como la Renta Básica se implemente, es todo un desafío legal, económico y político.

Si se implementa como una medida de excepción, porque como dice el informe del PNUD “tiempos sin precedentes exigen medidas sociales y económicas sin precedentes”, el reto sería lograr que el monto destinado a cada persona llegue efectivamente.

En los países con sistemas eficientes de protección social quizá bastaría con aumentar los recursos y hacer algunos ajustes, pero esta no es la realidad de los países en vías de desarrollo, llenos de trabajadores informales e inmigrantes en situación irregular.

Los debates entre los diferentes sectores de la sociedad civil, a favor y en contra, no se harían esperar; y cada sector político trata de inclinar el debate para favorecer sus intereses. Los gobiernos fuertes tendrían algún margen de maniobra, los débiles dependerían de lograr acuerdos políticos con otras fuerzas.

En fin, el tema es complejo y aun cuando se hayan superado todos los obstáculos en un país y se lograra implementar un Ingreso Básico Temporal por seis meses como propone la ONU, no se han estimado sus implicaciones sociales, políticas y económicas.

E incluso si se desarrollara, es muy probable que una vez termine la pandemia, regresen las protestas con miras a institucionalizar el beneficio.