Siguen las reacciones por la inclusión de un artículo que pretende obstaculizar las denuncias de irregularidades contra funcionarios públicos y atentar contra la libertad de prensa dentro de la Ley anticorrupción. 

El presidente Iván Duque invitó al Congreso de la República para que, “de manera respetuosa, los conciliadores del proyecto anticorrupción puedan encontrar una solución que permita conservar las normas anticorrupción importantes contenidas allí, pero poder retirar ese artículo que poco o nada tiene que ver con el contexto y con la norma, pero que, adicionalmente, representa una amenaza a la libertad de prensa”.

Durante la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se realizó en la sede de la Defensoría del Pueblo, el Jefe de Estado enfatizó: “Y quiero también ser claro, de no encontrarse esa solución, objetaré ese artículo para que el Congreso de la República pueda también adelantar su discusión”.

El Mandatario recordó que “una sociedad que abraza los derechos humanos es una sociedad que entiende que la libertad de expresión y la libertad de prensa no son un regalo de la institucionalidad, sino que son un derecho inalienable e indeclinable”.

Por esta razón, recordó que él, como Presidente de la República, tuvo “el honor de firmar la Declaración de Chapultepec para defender la libertad de prensa” y destacó que “siempre he creído en la libertad de prensa, y la libertad de prensa también entraña muchas responsabilidades”.

“Pero seamos claros: cualquier propuesta, cualquier intención de limitar la libertad de prensa, debe ser objetada, como lo mismo debe ser en el caso de pretender limitar la libertad de expresión de nuestra sociedad”, dijo.

Ya el Presidente se había referido unos días antes al controversial artículo a través de Twitter: “Como firmante y defensor de la Declaración de Chapultepec es un deber incuestionable la defensa de la libertad de prensa. Así de claro es el artículo primero de dicho maravilloso documento”.

Asimismo, varias organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios), la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hicieron un llamado al Congreso para que en la conciliación de la iniciativa, que se realizará la próxima semana, sea retirado del articulado final.

“En caso de ser incluido, exhortamos al presidente Iván Duque para que objete parcialmente el Proyecto de Ley Anticorrupción, en particular el artículo 68 ya que es inconstitucional. Las organizaciones firmantes continuaremos revisando el curso de este proyecto de ley y adoptaremos las medidas legales para que se declare la inconstitucionalidad de dicha norma”, instaron las organizaciones.

Jonathan Bock, director de la FLIP, dijo que no se había aprobado, en las últimas décadas, una disposición legal tan regresiva contra la prensa como la que aprobó la Cámara anoche. “Lo que votaron 73 congresistas abre la puerta a sanciones y represión como la que existe en Venezuela o Nicaragua”.

Pronunciamiento del Consejo Gremial

A través de un comunicado, el Consejo Gremial Nacional (CGN), en representación de los 30 gremios que lo conforman, dieron su punto de vista frente al apartado en mención, señalando que de llegar a ser aprobada en la conciliación, constituiría una violación a lo contemplado en la Constitución Política.

“Consideramos que el artículo 68 constituye una violación al artículo 20 de la Constitución Política colombiana, toda vez que incita a la censura y desconoce el derecho que tienen las personas y los medios de comunicación de rectificar en condiciones de equidad y, a su vez, impone una barrera a que las personas de manera libre puedan denunciar cualquier irregularidad, y desnaturaliza los derechos que tiene la ciudadanía de ser veedores públicos”, se lee en el documento.

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Además, el CGN recordó que los delitos de injuria y calumnia, tal como lo contempla esta referencia, ya está tipificado en los artículos 220 y 221 de la Ley 599 del 2000. “En ese sentido, no se estima conveniente la propuesta aprobada en último debate del referido Proyecto, que introduce medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, lo cual, además, no hace relación a temas de corrupción”, añadieron.

De igual manera, la agremiación calificó de "excesiva" la forma en la que se condenaría a quienes denuncien a los funcionarios del Estado. “Resulta excesiva la pena que propone incluir el artículo ante la comisión de dichas conductas, puesto que la norma actual para cada uno de estos delitos prevé como pena principal prisión de 16 a 72 meses para la calumnia y 16 a 54 meses para la injuria, a diferencia del artículo propuesto, el cual establece una pena de 60 a 120 meses de prisión solo por el hecho de que el afectado sea un funcionario público o su familia”, expresaron.

De otro lado, el CGN resaltó que “el artículo propuesto elimina la posibilidad de que procedan los subrogados penales para dicha conducta, los cuales son medidas sustitutivas de la pena de prisión, que se conceden a individuos que han sido condenados, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por el legislador”.

Adicionalmente, dijeron que “no encuentra razonable la disposición votada en plenaria de Cámara, considera que puede utilizarse para afectar la libertad de expresión respecto al ejercicio de la función pública”.

Finalmente, la corporación gremial puntualizó que “este artículo crea un precedente negativo en el ejercicio libre de los derechos democráticos a la libertad de opinión y a la libertad de prensa, poniendo en riesgo la responsabilidad social que tienen los medios de comunicación de informar, y de difundir la realidad actual por la que atraviesa el país”.

Reacción de congresistas

El liberal Carlos Ardila, primer vicepresidente a la Cámara, explicó que lo que se aprobó no se trata de censura ni de un ataque a la libertad de prensa. “Aquí no hay un comité de redacción previo, aquí no les están diciendo: ustedes tienen que direccionar la noticia de determinada manera; los periodistas serán libres de publicar, pero como siempre tendrán la responsabilidad de soportar lo que están publicando”, señaló el congresista.

“Quien está adelantando una investigación seria, concienzuda, en contra de la corrupción, requiere un amparo para que lo pueda hacer (...) el periodista debe probar lo que está comunicando”, concluyó.

Lo contrario piensa la representante a la Cámara Juanita Goebertus, quien dice que esta decisión va contra la libertad de expresión. “Limitar la libertad de expresión y el derecho a la oposición es inconstitucional, abiertamente contrario a la Convención Interamericana. Es el camino de regímenes autoritarios a lo largo y ancho del continente, tanto de izquierda como de derecha. El debate debe darse en democracia y de ninguna manera a través de la persecución penal. Si no se elimina en la conciliación, procederemos ante la Corte Constitucional para que lo declare inexequible”.