Caleidoscopio | El Nuevo Siglo
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Sábado, 10 de Agosto de 2019
Redacción Política

Primer remplazo en el Senado

 

Mila Romero, de Norte de Santander, entrará en los próximos días a ocupar la curul de la senadora del Centro Democrático, Ruby Chagüi, quien en la noche del miércoles dio a luz a Amal. Chagüi dijo que desde su licencia de maternidad continuará muy atenta a los hechos legislativos.

 

Renunció al esquema seguridad

 

El senador Gustavo Bolívar, elegido con aval de la coalición Lista de la Decencia, renunció al esquema de seguridad asignado en marzo dentro de las medidas de protección otorgadas tras ser amenazado por las Águilas Negras. La renuncia es una reacción de Bolívar al cuestionado nombramiento de Claudia Ortiz como directora de la Unidad de Protección Nacional (UNP). “Es de conocimiento público que la Unidad de Protección Nacional quedará en manos de la señora Claudia Ortiz, un personaje que, a juzgar por sus pronunciamientos en Twitter, nos señala con términos desobligantes, calumniosos y ofensivos, por lo que no la consideramos apta ni confiable para asumir el cargo”, sostuvo.

 

Roces con Petro en la plenaria

 

Hasta bien pasadas las 10:00 p.m. del miércoles y en el desarrollo de la plenaria del Senado, se produjo, como se esperaba, un encontrón entre los senadores Álvaro Uribe y Gustavo Petro sobre hechos de terrorismo ejecutados por las Farc. Por cierto, algunos congresistas insisten en citar el ‘collar bomba’, cuando la justicia descubrió hace rato que fue un acto de la delincuencia común y no de las Farc. El momento más tenso de la sesión lo protagonizó Petro, quién negó que funcionarios de su Alcaldía en Bogotá hayan terminado presos. "Mentiroso", dijo alguien en la plenaria, tras lo cual el senador liberal Horacio José Serpa le recordó a Petro que su Secretario de Movilidad terminó investigado por corrupción y capturado. "Está preso en La Picota", dijo Serpa, quien señaló que como presidente del Concejo capitalino le hicieron debates a Petro porque subió de 29.000 a más de 50.000 los contratos de prestación de servicios, lo que les habría costado a los contribuyentes bogotanos 2,5 billones de pesos.