Caleidoscopio | El Nuevo Siglo
Cortesía
Jueves, 8 de Agosto de 2019
Redacción Política

Alerta por presiones electorales

Prosperidad Social, entidad liderada por la exsenadora Susana Correa, se pronunció a través de un comunicado sobre la confusión generada en Cúcuta por representantes de partidos políticos que de manera irresponsable están relacionando las preinscripciones del programa Mi Negocio con sus campañas políticas. Prosperidad Social aclaró que todos sus programas –como Red Unidos, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, emprendimiento con Iraca, Mi Negocio, Familias en su Tierra, seguridad alimentaria, emprendimiento colectivo e infraestructura social– no están relacionados con ningún partido político o candidato, por lo cual no pueden ni deben ser aprovechados por ninguna persona u organización política con fines electorales.

Piden denunciar las irregularidades

En su comunicado, Prosperidad Social precisó que la focalización de los participantes de los programas obedece a criterios exclusivamente técnicos que buscan atender a la población en pobreza y pobreza extrema. Los trámites ante el programa son gratuitos, por lo cual ninguna persona o funcionario está autorizado a cobrar dinero por la realización de estos. La entidad invitó a la comunidad a poner en conocimiento de las autoridades competentes, cualquier irregularidad o presión política, en donde les ofrezcan darles o quitarles cualquier beneficio, en este último caso, si son participantes actuales, teniendo en cuenta que, ninguna persona u organización puede incluirlos o retirarlos, situación que sólo se presenta si el participante no acata o cumple las reglas y los compromisos de los programas.

Unidad de Víctimas entregó balance

Al hacer un balance de su gestión durante el último año, la Unidad para las Víctimas destacó que en el Registro Único de Víctimas (RUV) hay 8.839.146 víctimas individuales de las cuales, 203.376 se incluyeron en estos 12 meses. En el mismo RUV hay actualmente 691 sujetos de reparación colectiva (comunidades, grupos, organizaciones, que existían previamente al conflicto armado y que fueron afectadas en lo colectivo). En materia de reparación individual 99.471 personas recibieron 102.243 indemnizaciones administrativas y judiciales, por un valor total de $631.138 millones. 25.578 de estas indemnizaciones se otorgaron a personas mayores de 74 años entre agosto de 2018 y junio de 2019.