PEDAGOGÍA SOCIAL

Repensar paradigmas ideológicos

“Debemos promover una cultura de la integridad”

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A raíz del caso del ex defensor del pueblo J.A Otálora han salido a flote diferentes opiniones que llevan implícitos unos paradigmas de la cultura dominante que están pidiendo casi que a gritos ser repensados.

Uno de los paradigmas que colocó en evidencia su cortedad proviene del legado que, con ajustes que se le han hecho a través del tiempo, viene desde la obra de Hobbes: los principios o leyes morales solo obligan cuando se hayan plasmado en leyes civiles positivas.  

Las correspondientes instancias de investigación decantarán la verdad de lo ocurrido, pero de cualquier manera, y pese a las versiones encontradas, lo que desde el comienzo estaba claro es que en el trasfondo de la cuestión gravitó ante todo un problema ético en ambas partes aunque más grave en Otálora. Pretender defenderse hablando de una “relación sentimental” entre dos personas solteras, esgrimiendo como su única falta el “enamorarse de la persona equivocada” habla mucho de su criterio valorativo. Como buen abogado que ha sido muy probablemente armó dicha defensa pensando en que ningún código penal prohíbe tener como novia a la secretaria privada. Pero vienen las preguntas de índole ética: cuando todo comenzaba, ¿al menos hizo el intento de ayudarla a ocupar un cargo del mismo nivel salarial en otra entidad del Estado? ¿Le pidió ella ese favor?   

Aún más, con el caso en comento se colocó en entredicho otro paradigma liberal que una vez más muestra su insuficiencia para servir de guía de acción. Me refiero al de separar lo público de lo privado, uno de los derivados de aquel principio de la neutralidad del Estado en las cuestiones morales y en las estrictamente privadas. Razón tiene Walzer al definir el liberalismo como “el arte de la separación entre lo público y lo privado”. El punto a destacar es que - no solo por lo ocurrido en la Defensoría del Pueblo sino con base en muchos otros casos- hoy día suena cada vez más vacío de contenido real el manido argumento de que la vida privada no incide en la capacidad de enjuiciar la realidad, la ponderación y la prudencia que se esperan de un funcionario público.

En fin, lo más importante es caer en la cuenta de que en el país se hace cada vez más necesaria una política de restauración y promoción de los valores éticos a todos los niveles, una auténtica pedagogía social de la ética que nos devuelva las bases sólidas sobre las que se puede establecer una convivencia profunda entre los colombianos. Colombia avanzará firmemente si más que seguir insistiendo en la cultura de la legalidad, creamos y promovemos una cultura de la integridad, para que de verdad nuestra convivencia sea sostenible integralmente.