En  días pasados solicitamos al señor Presidente tener en cuenta la obligación de cumplir la ley de cuotas en el nombramiento de comisionado en la CRC; no obstante las excelentes calidades del doctor Bacca, en nuestro concepto la ley obligaban claramente a nombrar una mujer en este cargo para cumplir con el mínimo establecido. Así lo manifestamos formalmente en el proceso de comentarios y recibimos amable respuesta del doctor Duque, Secretario General del Ministerio, con una interpretación que no compartimos pero que en esencia indicaba que el cálculo debe hacerse a nivel sector (No de institución como ordena la ley), por lo cual al existir dos viceministros mujeres y una ingeniera dirigiendo la ANE se estaría cumpliendo con la cuota de ley.

Ahora resulta que los dos viceministros han renunciado, habiendo ya sido nombrado el reemplazo de la doctora Mejía por el doctor Daniel Quintero, quedando en suspenso el reemplazo de la doctora Hoyos. La única forma de cumplir la ley de cuotas según los argumentos esgrimidos en la carta que recibimos del doctor Duque y bajo su propia interpretación será escogiendo una viceministro mujer en reemplazo de la doctora Hoyos Turbay. Hemos conocido, por notas de prensa en el portal La Silla Vacía, que hay dos candidatos en el tintero, el doctor Rozo y la doctora Villamizar, ambos con grandes cualidades profesionales. Señor Presidente y Señor Ministro Luna, ahora si esperaríamos nos hicieran caso y cumplan, en coherencia con su propia interpretación, la ley de cuotas, lo contrario es seguir retrocediendo en la necesaria equidad de género que bien necesitamos si pretendemos reconciliar a nuestra sociedad, dar espacios a todas las fuerzas sociales y en especial a la mitad femenina de nuestra población. Como dice el adagio, el ejemplo empieza por casa.

Quedamos, pues, pues atentos y en el momento indicado enviaremos nuestras apreciaciones en el proceso de publicación de aspirantes en la Presidencia de la República.

 Adenda

 Sigue la pelea por la retransmisión de la señal de televisión, el Tribunal Andino de Justicia acaba de entregar su interpretación prejudicial en la materia avalando la posición de la SIC y protegiendo los derechos de los radiodifusores, pero al usuario lo siguen dejando desamparado pues nadie actúa para que se haga valer su legítimo derecho para que los operadores de cable le respeten y restauren antenas y cableados para poder ver la señal gratuitamente y no quedar obligados a pagar un plan de cable para ello.