Minería

El periódico PNC (Policía Nacional de Colombia) dedica su edición de febrero a dos problemas de actualidad: el manejo de la tierra y la minería. Se expone, en estas líneas, lo señalado sobre el segundo asunto por tres razones: el interés de quien escribe, el tono pedagógico y la condición institucional (en términos del Estado) de las plumas involucradas.

Mauricio Cárdenas, ministro de Minas y Energía, proporciona el marco para la acción punitiva del Gobierno Nacional. La actividad minera se divide en formal (legal) e informal y esta se subdivide en ilegal o criminal y artesanal (llamada tradicional por algunos), se caracteriza por carencias tecnológicas, poca rentabilidad y ser insostenible ambientalmente. La variante ilegal financia las bacrim, la guerrilla y se vincula al narcotráfico y el terrorismo, se la enfrenta con la fuerza pública y se destruye su maquinaria. Ha sido objeto de 78 y 96 operativos de la policía en 2010 y 2011 respectivamente. Fernando Guiza profundiza en la formalización de la minería tradicional que es ilegal al carecer de títulos y permisos. Ambos autores coinciden en que la solución es formalizar la actividad y Guiza señala que es un proceso gradual culminado con la vinculación a la economía formal. Se evidencia que la Procuraduría General de la Nación conoce la materia y estima que la minería ilegal es uno de los retos principales enfrentados por la sociedad y el Estado.

Paula Gaviria relaciona el tema tratado con el desplazamiento forzado y muestra un nexo con la ley de víctimas y la restitución de tierras. Surgiría, de la relación con el conflicto armado, el “derecho a la reparación integral en su dimensión individual como colectiva”.

El Cinep y el Programa por la Paz parten de un corolario derivado de Gaviria: “El proceso extractivo que genera más interrogantes de cara a la restitución es la explotación minera”, la cual se relaciona con la ilegalidad y aquí entra a jugar “el caos en la titulación minera que aparentemente caracterizó la gestión presidencial de Álvaro Uribe, según describe Manuel Rodríguez, exministro de Medio Ambiente: “se otorgaron más de 6.000 títulos mineros en el período 2006-2010- incluyendo títulos en parques nacionales, páramos y territorios de minorías étnicas,…”. Rodríguez insiste en la existencia de “graves amenazas socio-ambientales”, de cuya solución “dependerá en mucho el futuro del país”.