Fiscal

LA terna escogida por el Presidente de la República para designar al Fiscal General de la Nación estuvo integrada por María Luisa Mesa, Mónica De Greiff y Eduardo Montealegre. Era previsible el nombramiento de Montealegre al ser del conocimiento público la inclinación de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia por abogados entendidos en Derecho Penal. Pudo pensarse que el citado era el verdadero candidato del Gobierno Nacional, pero nada ha trascendido al respecto y la trayectoria de De Greiff, como exministra de Justicia, la convertía en alternativa creíble.

Superada la fase descrita, con agrado generalizado, conviene mantener la continuidad en la marcha de la entidad y de los procesos más importantes a su cargo, por lo cual es deseable la permanencia en la planta de la Fiscalía de Marta Lucía Zamora. Tal vez no se la ubique como Vicefiscal en el entendimiento de vincular Montealegre su propio equipo. Algunos de los casos más trascendentales se indican a continuación comenzando por la reforma judicial en que se apoya la cooperación de abogados y notarios para la descongestión judicial. Vale la pena, a fin de garantizar la moral militar, el cambio en el fuero respectivo y se prefiere la opción integral, es decir, la última versión. La finalización del conflicto interno armado requiere la concreción de la política agraria que implica, a su vez, avanzar en la extinción del dominio, o sea, que los bienes incautados pasen a propiedad del Estado y que la Ley de Justicia y Paz sea realmente efectiva. La designación de Montealegre tal vez permita una evolución más sencilla de los procesos penales que envuelven al uribismo debido a que el nuevo funcionario colaboró con el régimen presidencial anterior y se tiene en mente, en particular, a Luis Carlos Restrepo y María del Pilar Hurtado. Es necesario mencionar, además, a los Nule, salud y educación que pueden significar, en opinión de algunos, rebajas considerables en las penas, etc. Se espera acción eficaz contra las “bacrim”.

Complacen las promesas del nuevo Fiscal General sobre continuidad, imparcialidad, modernización, independencia y autonomía. Señala lo siguiente en cuestión de grandes directrices: “Debemos fortalecer los programas de protección de los Derechos Humanos, la protección de las víctimas e impulsar una política muy decidida contra la delincuencia organizada y la corrupción”. Se asume igual prioridad en los frentes señalados.