ARRECIFES

Reformar sin deformar

Cíclicamente aparecen ataques en contra de la Rama Judicial que  inicialmente surgen como hechos aparentemente aislados, pero que al paso del tiempo van estructurándose como verdaderos entramados que denotan el propósito que se persigue aunque oculta el origen de sus motivaciones.

Las recientes denuncias que inicialmente formularon algunos medios de comunicación, sobre la existencia de un “carrusel de pensiones” en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, fueron recogidas por la Contraloría General de la República en una investigación formal por presunta responsabilidad fiscal que ha ido tratando de extender de manera francamente irracional no sólo a otras corporaciones judiciales, sino a otras actuaciones institucionales de la Rama Judicial de las cuales la Contraloría pretende derivar supuestas afectaciones al patrimonio estatal.

No parece gratuito, en el enrarecido ambiente de una reforma judicial que las altas Cortes perciben como una retaliación contra pasadas o actuales actuaciones suyas, que se les filtren a los medios de comunicación la existencia de supuestas actuaciones de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado en la misma línea del “carrusel de pensiones” presuntamente hallado en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Como tampoco extraña el absurdo comportamiento del Ministro del Interior que, como rueda suelta del Gobierno nacional, sale a descalificar el contenido del concepto que el Presidente de la República le pidió con carácter de urgencia a la Sala de Consulta y Servicio Civil, sobre el tema del período del Fiscal General que debe elegirse en reemplazo de Vivianne Morales.

Menos aún sorprende que se use la sección del 1, 2, 3 del noticiero CM&, para ambientar en contra de la Rama Judicial, con ojos desorbitados y todo de la presentadora de turno, una investigación por presunta responsabilidad fiscal derivada de la concesión de la condecoración “José Ignacio de Márquez”, que es el único estímulo al mérito judicial.

La insularidad de esos hechos es apenas aparente, pues los tres apuntan en una misma y única dirección: la de crear en la opinión pública una percepción negativa de la Rama Judicial que ambiente la reforma que se intenta para disminuir los niveles de independencia y autonomía de la única rama del poder público que no tiene origen electoral.

Ciertamente que la administración de justicia requiere modificaciones en su estructura y funcionamiento que mejore el acceso de los ciudadanos a ese servicio público y los resultados de su gestión, pero para hacerlo, no hace falta desprestigiarla, ni refundarla como algunos pretenden.

Cualquier modificación, reforma, reingeniería o restructuración de la administración de justicia debe partir de un acuerdo sobre la inamovilidad del pilar básico de nuestro sistema jurídico. La independencia y autonomía de los jueces. Ese valor es el único que nos mantiene a salvo de cualquier autoritarismo, hasta del de los propios jueces, porque son controlables a través de los recursos.

Y cualquier mejora a la gestión debe partir de otro inamovible: no pueden montarse índices de productividad con prescindencia del carácter humano de quien administra justicia, pues se trata de tener jueces, no esclavos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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