Institucionales

Ahora  que ya se sabe, por cuenta del concepto que a solicitud del Presidente de la República rindió la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que el período del Fiscal General de la Nación es institucional y no personal, sería bueno que en la Fiscalía se empezara también a definir que sus actuaciones son de la misma naturaleza.

Aunque una de las herramientas más importantes que la Fiscalía tiene para obtener resultados rápidos y eficientes contra la delincuencia organizada, son las negociaciones, preacuerdos y acuerdos de colaboración y delación, no deja de asombrar la falta de seriedad con que allí se manejan esos institutos.

En materia de negociaciones y acuerdos, la Fiscalía está portándose como los fondos de pensiones. Ofrecen toda clase de gabelas a los clientes para obtener la afiliación, pero a la hora de las reclamaciones se escudan en que lo prometido por el vendedor no compromete a la empresa.

De la misma manera en bastantes casos, que incluso han obligado a la adopción de fallos de tutela, en la Fiscalía se prometen acuerdos que finalmente se desconocen institucionalmente con el simple argumento de cambiar al Fiscal Delegado que tenía a cargo la actuación. Un caso tan sonado y tan importante en el país como el de los primos Nule ha estado a punto de irse a pique precisamente por esa razón, pues se pretendía desconocer beneficios de colaboración por el solo hecho de haber sido acordados con otros funcionarios u otras administraciones.

La relación del Estado con sus asociados está fundada, entre otros, en los principios de buena fe y de confianza legítima, por lo que resulta absolutamente reprobable que la Fiscalía, como cualquier comerciante deshonesto, trate de tumbar a sus clientes. No deben pasar por alto que la importancia de los institutos procesales de derecho premial en la gestión de la Fiscalía es fundamental y su aplicación exitosa estriba en la seriedad de sus ofertas y la garantía de su cumplimiento institucional.

Pero eso no pasa sólo en la Fiscalía, sino que el Estado colombiano, en varias de sus agencias, está dedicado exactamente a lo contrario de sus deberes, pues en lugar de cumplir la ley, se consagra a vulnerarla. Es absolutamente asombroso, por ejemplo, que el Procurador General de la Nación tenga que emitir una circular para conminar a los funcionarios de Hacienda a que cumplan las normas legales en materia de liquidación de pensiones.

En esa misma situación se inscribe el caso del antes llamado ISS, que, preocupado por el alto número de fallos de tutela en su contra, en lugar de mejorar el servicio de salud que origina las condenas, decidió crear una unidad de abogados para pleitearlas.Es exactamente lo mismo que acaba de hacerse con la creación de la Agencia de Defensa Jurídica. El Estado colombiano decide gastarse 16.000 millones de pesos en burocracia para evitar las condenas judiciales cuando es obvio que le saldría más barato evitarse las demandas, eliminando las violaciones legales que las originan. De paso, descongestionarían la Justicia y hasta se ahorrarían la reforma judicial.

@qinternate