Corrían las celebraciones decembrinas de 2021 y no había ágape navideño en el que el temor por la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, no se hiciera presente en alguno de los asistentes.

Afortunadamente y haciendo alarde del optimismo colombiano, siempre había un tío o un primo que había votado sí en el plebiscito y que, con su foulard exquisito, sosteniendo que el cambio no podía tardarse más en llegar al país y que la justicia social era menester de cualquier noción de progreso; nos recordaba que aquí no iba a pasar nada y que, en el peor de los casos, había que tener al menos dos cosas claras: 1. Jamás seremos como Venezuela y 2. Nuestras Instituciones son muy fuertes. 

No han transcurrido tres años desde ese fatídico 19 de junio y poco a poco la tranquilidad de muchos de esos que bien lo votaron o se fueron de viaje el domingo de las elecciones, ha empezado a desmoronarse. (Permítanme precisar. No tan poco a poco).

Muy rápido, empezamos a ver que el efecto Petro es perverso, corrosivo y eficaz. Empezamos también a recordar que en este país el apetito por un crecimiento patrimonial vertiginoso es más fuerte que los principios que subyacen, al ser de quienes conforman las distintas ramas del poder público. Constatamos que la narrativa disciplinada, aunque falaz, logra permear el criterio y deriva en mentes obtusas capaces de justificar cualquier exceso basadas en una mentira repetida muchas veces.

Así, hoy nos encontramos con que nuestras instituciones no son tan fuertes como nos decían. Que, penetrarlas no es tan difícil como nos quisieron hacer creer muchos de los intelectuales de shopping y que, al final, el triunfo reflejado en el poder estará a merced de aquellos que mejor sepan aplicar la conocida estrategia de guerra de combinar todas las formas de lucha. 

La piedra angular de esa combinación estratégica es carcomer las instituciones. Materializarlo, supone algo más que hacerse a unos votos en el Congreso negociando dádivas o ministerios como moneda de pago, al mejor estilo de un remate de juzgado, como muy pronto volveremos a ver. Tal ejercicio, pasa por golpear las jerarquías en la Fuerza Pública, controlar la Junta del Banco de la República, dominar las superintendencias para que funcionen emulando a la Gestapo, garantizar las mayorías en la Corte Constitucional, y extrapolando las palabras de Danilo Zolo, capturar el ejercicio de la justicia. 

Este último elemento es la cereza del pastel y se convierte en la kryptonita del Estado de Derecho, que permite la selectividad de las garantías procesales. En la práctica, garantiza el triunfo en las persecuciones a opositores políticos o a aquellos que resulten incómodos a los intereses de quien ostente el poder.

Como el nuestro se ha convertido en el país de los realities, lo estamos viendo en vivo y en directo. La majestad de la justicia, entró en un proceso de descomposición al entregarse a la ideología y al admitir excepciones en función del sujeto.

Hoy el líder natural de la oposición (y le recuerdo que este análisis tiene que trascender la simpatía o antipatía que a usted le despierte la persona de Álvaro Uribe Vélez), está siendo víctima de un proceso político y de una persecución que, escondida tras la falacia de evitar a toda costa la prescripción, pretende a como dé lugar encontrarlo culpable de lo que sea, de la forma que sea.

La juez 44 penal del Circuito de Bogotá ha sido imprudente en la forma en que evidencia una tras otra vez su sesgo. Esta vez, su afán por evitar la prescripción -que ha sobrepuesto a su deber constitucional de garantizar que haya justicia- quedó al descubierto cuando negó de plano una recusación debidamente sustentada por la defensa.

Aunque el espacio de esta columna no me alcanza para describir sus conductas autoritarias y parcializadas en la dirección del proceso, el hecho de que el Tribunal Superior de Bogotá  haya tenido que corregir sus decisiones en varias ocasiones y la haya instado de forma expresa a respetar las garantías procesales que tiene cualquier colombiano por el simple hecho de serlo, deja constancia suficiente de su desmesura y de cómo esa forma de lucha a la que aludía Zolo, también la vienen adelantando con éxito los enemigos de la democracia y del Estado de Derecho.

Como lo dije alguna vez en este mismo espacio, hoy es Uribe pero mañana puede ser usted o cualquiera de los miembros de su familia. Nuestro deber patriótico no es otro que el de exigir que las garantías no acepten ningún tipo de contemplación y que cualquier decisión judicial se tome en estricto Derecho. Cuando la justicia es selectiva, somos todos los que estamos en riesgo.

Posdata: Con la llegada de Marco Rubio a la Secretaría de Estado de EE.UU., que no quede duda que los ojos de la comunidad internacional estarán vigilantes sobre aquellos que se presten para legitimar las irregularidades judiciales en éste y en todos los procesos de interés nacional.