El tabaco y su costo
La Fundación Mundial del Pulmón (World Lung Foundation) acaba de publicar un informe en el cual señala que las muertes a causa del tabaco se han casi triplicado durante la última década, llegando a cincuenta millones de personas durante este lapso. En 2030 se estima que morirán por culpa del tabaco 8 millones de personas.
Digno de mención es que la gran mayoría de estas muertes ocurren en los países en vías de desarrollo (80%), en otras palabras, la ignorancia, inherente a la pobreza, acerca de las consecuencias nocivas del tabaco impide que se trate de dejar la adicción, adicionada esta ignorancia con las campañas insidiosas de las compañías tabacaleras, por ejemplo, la del Hombre Malboro, hoy prohibida en Estados Unidos, que con su imagen machista indujo al vicio a tantos jovencitos. Además, los vendedores, especialmente de cigarrillos, y dado el enorme volumen de sus ganancias (sólo los seis principales obtuvieron utilidades de US$ 35.100 millones en 2010) disponen de grandes sumas para sus campañas de cabildeo legislativo y ya sabemos qué tan susceptibles a ellas son los legisladores, especialmente en nuestros países. Y cuando los legisladores se ponen firmes, las tabacaleras acuden, inclusive, a tácticas como las de demandar a los países (Uruguay, Brasil) ante organismos multinacionales, por, supuestamente, imponer restricciones excesivas a sus actividades “legítimas”.
Estas demandas, según la Organización Mundial de la Salud, tienen por fin intimidar a los países para que no impongan limitaciones drásticas a la publicidad. En el caso de Uruguay, este país obliga que al menos el 80% de los paquetes contengan advertencias de salud y a que utilicen sólo un diseño de cajetilla por marca. La estrategia es concentrar los mayores esfuerzos de mercadeo en los países con reglamentaciones más laxas, es decir, los pobres, donde existe el mayor potencial de nuevos consumidores y no en aquellos como Europa y Estados Unidos, donde, gracias a las estrictas normas, el número de fumadores está en descenso.
Nuestra legislación (Ley 1335 de 2009) está muy por detrás de las legislaciones de otros países en la reglamentación del consumo del tabaco, por ejemplo, no es obligatorio informar a los consumidores los ingredientes químicos de los cigarrillos, al menos los principales y más nocivos, algunos de ellos diseñados para acrecentar la adicción. En Estados Unidos cualquier cambio en la composición de los cigarrillos debe ser aprobado previamente por la FDA, el equivalente de nuestro Invima, para asegurarse de que no se incluyen nuevas sustancias adictivas. Se mencionan los ingresos para el fisco por los impuestos sobre el tabaco y el número de personas que se quedaría sin trabajo en el campo y en las fábricas. Debería más bien pensarse en las vidas prematuras que se pierden, en el costo para la seguridad social y los seguros privados por los tratamientos de los afectados por el tabaquismo.