La política de Paz total, que plantea el gobierno Nacional como política de Estado, no va bien. Los hechos de violencia ocurridos en departamentos como Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Antioquia, Bolívar y otras regiones del país son preocupante y, por ello, la propuesta de Paz total se debe revisar y reorientar.
La Defensoría del Pueblo reportó antes de la cita de las urnas del domingo que al menos 418 municipios se encontraban en riesgo electoral, por cuenta de amenazas contra candidatos, presencia de grupos armados al margen de ley, amenazas contra la Registraduría, amenazas contra movimientos y contra partidos políticos, y en general, diversas situaciones que ponían en riesgo la democracia del país. Hablar de 418 municipios en riesgo electoral es decir que el 40% de las regiones del país estaban en riesgo, situación que no se veía desde hace más de dos décadas; esto realmente es preocupante en el marco del avance de un acuerdo multilateral de Paz total.
En ocasiones pareciera haber un silencio complaciente frente a estos hechos de violencia. Lo preocupante de todo esto es que quienes guardan silencio no son solamente los organismos nacionales del Estado, sino también algunas ONG y entidades internacionales. La violencia no puede continuar siendo paisaje diario de nuestra cruda realidad y el silencio no puede ser lobby para congraciar los continuos errores y desaciertos del gobierno actual, que pareciera más preocupado por los escándalos internos de su partido y su gabinete que por las necesidades urgentes del país. Sin duda, hay una desconexión en las políticas de Estado. Se debe recordar que el presidente ganó con 11 millones de votos, pero debe gobernar para los 50 millones de colombianos.
Human Rights Watch (HRW) menciona que al menos 66 lideres sociales han sido asesinados en Colombia en lo corrido del 2023; por su parte, Cable News Network (CNN)- alerta que esta cifra supera los 120 líderes asesinados durante el mismo periodo, sin contar los subregistros y muertes violentas no reportadas. En general la situación de Colombia es preocupante, y si a esto se suman las 71 masacres registradas y un sinnúmero de situaciones que no solamente generan riesgo, sino que parecieran ser el pan nuestro de cada día en Colombia.
El actual Gobierno define su apuesta por la paz total, como: “…Una política de Estado, que garantizará los derechos fundamentales de la gente en el Gobierno del Cambio, en donde la Seguridad Humana se basará en la protección de la vida y su plena realización a partir de políticas sociales, medioambientales, económicas y culturales…”. Sin embargo, las hectáreas destinadas para el cultivo de hoja de coca van en aumento, la explotación ilegal de oro no cesa, el alza en el precio de los combustibles impacta negativamente la canasta familiar, afectando principalmente a los colombianos más pobres. También se recrudecen la extorsión, el sicariato y la violencia en las zonas urbanas.
Las acciones vinculantes para promover el trabajo articulado entre víctimas, excombatientes y exmilitares, que tanto prometió el actual gobierno en época de campaña, no se ven. En clave de Paz total no todo pueden ser dádivas, ventajas y laxitudes para los grupos armados ilegales, obviamente al margen de la ley. Sin duda, la Paz total debe reflejarse y hacerse material en la risa del niño, la mirada tranquila del anciano y la libertad del campesino.