En Colombia, durante lo corrido del 2023, ha aumentado el secuestro en más del 80%. Casos mediáticos como el sucedido con el padre del futbolista Luis Diaz han encendido las alarmas; sin embargo, éste es solo la punta del iceberg de una problemática que se había superado en el país y que nuevamente resurge con mayor crudeza, el secuestro es el principal mecanismo de financiación de las guerrillas, junto al narcotráfico y la explotación ilegal de minerales.
Nada es más repudiable que atentar contra la libertad de un ser humano. La libertad es un Derecho Humano Fundamental y el secuestro es un crimen de lesa humanidad que destruye las familias, afecta el patrimonio, acaba con la salud mental e incrementa los odios y la polarización en el país. La prueba contundente de la voluntad de paz deber ser la liberación de todos los secuestrados que los grupos insurgentes tienen en su poder, si es que en verdad existe dicha voluntad.
Posterior a la firma de los acuerdos de paz de La Habana, realizados en junio de 2016 el delito del secuestro disminuyo notablemente, situación que generó mayor confianza y tranquilidad en el país. Sin embargo, durante el actual gobierno, el supuesto gobierno del cambio, el secuestro va disparado, tanto así que, según cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz -Indepaz-, organismos internacionales y ONG’s defensoras de Derechos Humanos, durante el 2022 se presentaron alrededor de 140 víctimas de este delito y en lo corrido del 2023 la cifra ya supera los 250 secuestrados, un aumento de más del 80%.
Sumado a esta problemática hay una tragedia aun peor y es que el gobierno en su afán de mostrar gestión en acciones de paz y seguridad prioriza los secuestrados, pareciera ser que en Colombia hay secuestrados de primera, de segunda y hasta de tercera. La liberación de Luis Manuel el “Mane Diaz”, padre del futbolista colombiano Lucho Díaz es un logro sin duda alguna, pero ¿dónde quedan los otros secuestrados que el Gobierno Nacional ni siquiera reconoce?
Los conflictos en los territorios han mutado, fortaleciendo militar y económicamente a ciertos actores armados, entre ellos el Eln, el Clan del Golfo, las Autodefensas Gaitanistas -AGC- etc…Esto repercute en diversas formas de violencia, entre ellas el secuestro y la extorsión. La respuesta de las autoridades no ha sido reactiva porque se han priorizado otros espacios o métodos a través de las diferentes formas de la paz total, esto explica que estamos en un proceso de reacomodamiento del conflicto y por tanto de incremento de las violencias. Se debe establecer una ruta clara de ´paz total’ sin desestimar la seguridad, el orden y la convivencia, que son principios fundamentales de nuestro estado social de derecho y a su vez, la base del mandato cuidado que le confirió el pueblo colombiano al presidente Gustavo Petro.
La violencia no desescala y el secuestro exprés también aumenta; la firma del cese al fuego bilateral entre el gobierno Petro y el Eln que tanto generó polémica estableció que el grupo guerrillero solo iba a parar las acciones militares contra la Fuerza Pública y la población civil. Sin embargo, los subversivos dejaron claro que seguirán secuestrando y extorsionando porque esas son sus principales fuentes de financiación, en esto último han cumplido al pie de la letra.
Los departamentos más afectados por el delito de secuestro son Valle del Cauca, Antioquia y Cauca, pero en realidad todo el país sufre este flagelo y el gobierno no muestra contundencia en sus acciones de contrarrestar la insurgencia armada, se muestra laxo, benevolente e incluso temeroso ante el Eln y otros grupos armados al margen de la ley, mientras las Fuerzas Militares no se sienten del todo respaldadas por el Gobierno.