En la historia reciente del Senado de la República, pocas elecciones han sido tan controvertidas y cuestionadas como la de Miguel Polo Rosero como magistrado de la Corte Constitucional. Esta elección, producto de la terna del Consejo de Estado, estuvo plagada de irregularidades que van mucho más allá de un simple ejercicio democrático.
El proceso se tornó grotesco. La votación inicial en el día convocado -lunes 18 de noviembre- terminó en un empate -50 votos para Polo, 50 por Claudia Dangond-, y un voto extra que excedía el número de senadores presentes. El Reglamento exige repetir la votación en la misma sesión o postergarla citando puntualmente con tres días de anticipación. Sin embargo, la votación se realizó el día siguiente.
Mientras tanto, el Capitolio se transformó en un campo de batalla político. La oposición denunció al gobierno por adoptar a Polo como “su candidato”, mientras Gustavo Petro, desde Brasil, presionaba a senadores por teléfono. Ministros, liderados por el del Interior, desplegaron una ofensiva sin precedentes, presuntamente ofreciendo “mermelada” por el voto. Incluso el embajador Roy Barreras, viajó desde Londres, para movilizar apoyos. La periodista D’Arcy Quinn, reveló con detalles varios episodios de la injerencia gubernamental, y afirmó que “desde el gobierno cambiaron conciencias”.
Finalmente, Polo fue elegido con 57 votos frente a 47 de Dangond. Pero el debate no está en las credenciales de Polo -un connotado jurista con 18 años en la Corte Constitucional- sino en la descarada injerencia del Ejecutivo, sellada con la absurda celebración de Petro, publicada en un trino: “Un gran triunfo”.
¿Un triunfo de quién? Es alarmante que el presidente festeje como propio el resultado de un proceso que debería ser autónomo del Congreso, atentando contra la independencia de la Corte Constitucional y la separación de poderes. Estas acciones cuestionan no solo la legitimidad del proceso, sino los fundamentos de nuestra democracia.
El expresidente Iván Duque advirtió sobre el riesgo de que el gobierno capture la Corte para sus intereses. Esta semana reiteró su preocupación, señalando: “¿Por qué quieren tomarse la Corte Constitucional? Ahora van detrás de una extensión del mandato por dos años”. Su advertencia cobra relevancia en un contexto de creciente incertidumbre política del país.
La responsabilidad recae ahora en el magistrado Polo, quien deberá demostrar que su cuestionada elección no comprometerá la independencia de su ejercicio ni su rectitud. Está en su sabiduría decidir si será aquel jurista íntegro o un aliado permisivo de los excesos de Petro. Más allá de su elección, lo que realmente está en juego es el equilibrio institucional. Con un país enfrentando graves alteraciones del orden público y un gobierno que no oculta las intenciones de suspender las elecciones bajo la figura de una conmoción interior o cualquier otra, la Corte Constitucional se erige como el último bastión para preservar las instituciones.
Con Gustavo Petro en el poder, las fronteras entre lo correcto y lo arbitrario se borraron. La elección de un magistrado debería fortalecer nuestras instituciones, no debilitarlas. Lo ocurrido, además de ser un episodio político extravagante, es una advertencia sobre los peligros que enfrenta la democracia cuando los otros poderes del Estado ceden ante las ambiciones del Ejecutivo. El futuro del país está en manos del Poder Judicial.
@ernestomaciast