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EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo está el panorama de libertad de prensa hoy en Colombia?
JONATHAN BOCK: El panorama de libertad de prensa en el país es sumamente complejo. Las cifras documentadas durante el 2024 son las peores cifras de la última década. Hubo tres periodistas asesinados y esto, pues es una cifra que no se registraba, como digo, desde hace 10 años.
Además, el número de amenazas es también el más alto, de 215 amenazas. 20 periodistas se vieron forzados a salir de sus ciudades en condiciones de desplazamientos internos. También hubo cuatro periodistas exiliados y todo esto configura un panorama sumamente complejo, en el que además hay unos departamentos donde las luchas y confrontaciones entre los grupos armados tiene como blanco a los periodistas, lo que implica no solamente las amenazas directas y el efecto individual sobre los periodistas, sino también muestra una guerra por controlar la información, por controlar lo que se publica, lo que les exigen también estas bandas y estos grupos ilegales a los periodistas para que publiquen.
ENS: ¿Si hay suficiente atención por parte de la Unidad Nacional de Protección a las amenazas que reciben los comunicadores, especialmente de las regiones?
JB: Es un escenario sumamente complejo. Existe una falta de atención y de falta de poder brindar medidas suficientes de protección a los periodistas. Este aumento de la violencia profundiza las fallas que hay en el sistema de protección, no solamente en la Unidad Nacional de Protección, que como se ha denunciado ampliamente y desde hace varios años, responde de manera muy lenta a las amenazas, no siempre con las medidas más idóneas y esto le ha restado legitimidad dentro de los periodistas, que muchas veces ya prefieren no acudir a ellos.
Pero en general no hay unas rutas de atención claras a los periodistas y eso hace que, en este escenario de crisis tan aguda, el no tener una protección por parte del Estado, por supuesto termina también desfavoreciendo a los periodistas.
ENS: ¿Han incrementado los riesgos a la prensa a raíz de las constantes acusaciones del presidente contra algunos sectores periodísticos?
JB: La principal amenaza o el principal victimario de los periodistas son los grupos armados ilegales. Esto lo mencionaba en la pregunta anterior, pero para hacerlo más específico, los funcionarios públicos también son unos actores que puede ser, por medio de la estigmatización, o por medio del acoso judicial que también recurrentemente agreden a periodistas.
Hay que tener muy claro que los discursos narrativos, esos discursos que también buscan deslegitimar y estigmatizar al periodismo en general, son una manera de violencia también contra los periodistas que son señalados, pero en general una forma de buscar restarle valor a las informaciones periodísticas que salen a los diferentes puntos de vista.
Y esto es una tendencia que no solamente está ocurriendo y se está profundizando en Colombia, sino en otros países de América Latina y en ese sentido, lo que digan las figuras públicas más relevantes, por supuesto, el presidente, pero también alcaldes o figuras de otros partidos políticos, pues termina generando un clima de violencia y de agresividad hacia el periodismo. Esto se replica también a nivel local, esto lo replican alcaldes, concejales, diputados que buscan, como digo, deslegitimar cualquier información que venga de los medios de comunicación.
📢 El periodismo en Colombia está en su momento más crítico.
— Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) (@FLIP_org) January 31, 2025
En 2024, los ataques contra periodistas aumentaron más del 50 %, impulsados por la acción de actores ilegales.
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ENS: ¿Qué tanto influyen en estos discursos contra la libertad de prensa las ahora llamadas ‘bodegas’?
JB: Parte de lo que se ve en estas estrategias de acoso digital es que si hay unos ataques coordinados y unos ataques que muchas veces responden a personas que son contratadas para atacar, para generar hashtags en contra de medios de comunicación o de periodistas y eso es, por supuesto, un fenómeno gravísimo y es una manera y una estrategia de intoxicar el debate público en las redes sociales y de generar ese odio, pero sobre todo busca que los periodistas auto-censuren, que salgan de las redes sociales y que dejen de publicar la información por ese ambiente que se termina generando
ENS: ¿La pauta publicitaria se ha convertido en una herramienta para afectar el trabajo de los medios?
JB: Como lo hemos advertido varias veces desde la FLIP, la publicidad oficial termina siendo una herramienta que muchas veces termina incidiendo en la línea editorial de los medios de comunicación.
Tiene, por supuesto, una incidencia muy fuerte en la economía de los medios de comunicación. Entonces, sigue siendo una herramienta que, como digo, por un lado, busca incidir, que también es utilizada como un mecanismo de autopropaganda por parte de los funcionarios, de autobombo, y que no hay unos controles efectivos para poder hacer veeduría a esos recursos públicos, que son utilizados, como digo, de manera incorrecta y que no tiene ese propósito que debería tener.
Que, además, también hay que entender, como lo decimos en la Fundación para la Libertad de Prensa, parte del problema es que por esa incidencia que tiene la economía de los medios, es también una herramienta a la que acuden los periodistas para poder subsistir. Entonces es sumamente complejo el impacto que tiene, pero sin duda es un problema profundo que afecta la independencia periodística y la independencia editorial de los medios de comunicación.
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ENS: En caso de una amenaza o que se genere algún tipo de violencias, ¿dónde pueden denunciar los periodistas?
JB: Es fundamental que no se normalicen las amenazas contra los periodistas, y que los periodistas igual denuncien esto frente a la Fiscalía, por supuesto, pero también que remitan estos casos ante la Unidad Nacional de Protección y ante la policía.
En los casos de algunos departamentos frente a las gobernaciones o a las alcaldías, que en algunos casos tienen unas rutas de atención al periodista. El problema es que muchas veces los periodistas prefieren no denunciar porque no confían en que pueda haber un trámite adecuado, y eso es algo que hay que insistir y que en la medida en que también muchas veces los casos se hagan públicos, es una manera también de proteger a los periodistas, pero sobre todo de alertar sobre una situación que está ocurriendo.