En un artículo publicado el miércoles de esta semana, EL NUEVO SIGLO informa que Jorge Enrique Ibáñez, magistrado ponente de la primera demanda contra la reforma pensional, considera que la norma debe ser declarada inexequible.
Se veía venir. Para que la reforma saliera aprobada fue necesario que el Congreso, aupado por el Gobierno, se saltara el trámite legislativo, que lo vulnerara altaneramente. Es una más de esas situaciones en las que, con tal de imponer su voluntad, el Gobierno actúa en contra de las normas que rigen sus actuaciones. Así lo señalaron todas las voces autorizadas, pero, como siempre, hizo oídos sordos ante las voces de sensatez mientras que se dejaba llevar por la melodía populista.
De manera que toca volverlo a decir: en democracia, esa democracia que Petro alaba con sus palabras pero que desprecia con actos, las reglas de juego son una garantía a favor de los asociados y un mecanismo de contención del poder. Las reglas han sido establecidas para que los gobernantes de turno hagan lo que el contrato social les indica y no lo que les viene en gana. Ésa es la naturaleza del oficio al cual aspiraron y es también el concepto básico del “Estado de Derecho”. Es a ello a lo que hacemos referencia cuando hablamos de las instituciones.
Pero, como de costumbre, el dedo acusador se dirige contra quien denuncia la trampa y no contra quien la hace. Esta vez fue Gustavo Bolívar quien increpó a Paloma Valencia, autora de la demanda. ¿De qué acusa Bolívar a Valencia? De insensible: ¿cómo así que una persona que gana 50 millones de pesos -dice él- se opone a que las personas más pobres puedan gozar de la pensión?
El reproche de Bolívar a Valencia es populista y engañoso. ¿Será que por al subirle el suelo a la senadora Valencia al doble o bajárselo a la mitad se logra que la reforma aprobada contra el reglamento súbitamente se torne constitucional?
Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, por su parte, alega que una declaratoria de inexequibilidad de la pensional llevaría a la pérdida de las inversiones en que ha incurrido la entidad para la implementación del nuevo modelo. Habla de 50 millones de dólares. ¿A quién se le ocurre hacer semejante inversión con base en una norma cuya validez está pegada con babas?
En vez de actuar de manera precavida, el Gobierno le metió el acelerador tanto como pudo a este proyecto con tal de mostrar las facturas de los pagos realizados para forzar de este modo un pronunciamiento a su favor. Poco importa que ello suponga que la Corte se haga la ciega con lo que dicen las normas y que la lleve a desconocer la jurisprudencia que ella ha sentado durante años sobre la materia.
Una jugada de tahúr que camina en la zona de la desvergüenza y que bastante se acerca al detrimento patrimonial.
“Es que ésos eran los términos que la ley señalaba”, dirá el Gobierno. Un problema que se hubiera podido solucionar con el concurso de los sectores cobijados por la norma y con el acompañamiento de los órganos de control. De nuevo: la búsqueda de soluciones razonables es uno de los objetivos que caben dentro del concepto constitucional de la cooperación armónica de los órganos del Estado.
Sin embargo, el Gobierno prefirió apurar el paso sin saber bien cuál era el rumbo.