Colombia ha experimentado cambios relevantes en su panorama tributario en los últimos años. Uno de los aspectos más destacados es la tasa de renta corporativa, que actualmente se sitúa en un 35% sobre sus utilidades. Esto lo posiciona como uno de los países con una de las tasas de renta corporativa más alta dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, superando a naciones como Australia, México y Portugal, que mantienen una tasa del 30 %.
Frente a este panorama, Alexánder Hernández Fuentes, experto en consultoría financiera corporativa, expresa que “el aumento de la tarifa, que pasó de 33 al 35 %, se destaca como uno de los cambios más significativos. Este incremento puede afectar directamente las finanzas empresariales, por lo que es crucial planificar estrategias de pago de impuestos de manera adecuada y hacer una planeación tributaria correcta. Además, las empresas deben considerar los beneficios que son deducibles de renta, como las retenciones de terceros sobre las ventas que se soportan con certificados, los pagos a salud prepagada y los apoyos académicos a empleados, que pueden no estar explícitamente contemplados en el estatuto tributario”.
Por otra parte, el número total de empresas activas en la actualidad según el informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es de 1.853.509, las cuales deberán cumplir con los plazos tributarios. Cabe aclarar que presentar dicha declaración de renta no significa que siempre debe pagar impuesto.
Para estar al día con las obligaciones tributarias, la DIAN ha emitido un calendario tributario para que tengan presentes las fechas según corresponda cada caso. Por ejemplo, para grandes contribuyentes, la última cuota es del 13 al 26 de junio, y para personas jurídicas, la declaración y pago de la primera cuota es en mayo, del 10 al 24.
Teniendo en cuenta lo anterior, incumplir con dichos plazos conlleva el riesgo de incurrir en intereses y sanciones, lo que podría afectar gravemente la salud financiera de la empresa. Además, en el caso de declarar, pero no pagar o evadir, las consecuencias pueden ir desde multas pecuniarias hasta la posibilidad de enfrentar una pena privativa de la libertad.