El auditor general, Carlos Hernán Rodríguez, dijo que hay irregularidades en el manejo de los fondos de bienestar

Liquidar los fondos de bienestar de las contralorías territoriales por cuanto algunos se están utilizando para fines distintos a su misión, recomendó el auditor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra.

“Unos de ellos se han convertido en la caja menor de las contralorías para realizar compras no relacionadas con su objetivo: el bienestar de sus funcionarios. En efecto, han gastado sus recursos en botellas de agua, papelería para uso de las contralorías, suministro de elementos de aseo y cafetería para las contralorías, viajes de turismo, mantenimiento de vehículos y contratación con terceros para ejecutar actividades distintas a su misión, entre otros”, reveló Rodríguez Becerra.

De la evaluación integral efectuada por la Auditoría General de la República –AGR–, producto de la rendición de cuentas de cada una de las contralorías territoriales y de la revisión a la contratación realizada por los fondos de bienestar social, se observa que el presupuesto de estos se ha convertido en una especie de “fondo rotatorio”, dedicado a atender gastos de las contralorías, más que a desarrollar las actividades propias para las cuales fueron creados, alertó el Auditor General de la República.

Manejo

Destacó, además, que las asambleas departamentales y los concejos municipales del país no contaron con criterios unificados para la creación de los fondos de bienestar social y capacitación para los funcionarios de esos organismos de control. La ley prevé 2% para ello, el cual deberá ser ejecutado dentro del presupuesto de gastos de funcionamiento de la respectiva contraloría.

“Son recursos públicos y, entre otros, tienen como fuente los que por concepto de multas imponen las contralorías. Por tanto, todos tienen que ser auditados y quienes no rindieron en oportunidad o entorpecen la labor del proceso auditor por no suministrar la información, se someterán a las sanciones correspondientes, así como al respectivo traslado a la Procuraduría General de la Nación, para que, de igual forma, intervenga para lo de su competencia”, puntualizó Rodríguez Becerra.

En resumen, recalcó el Auditor General de la República, de las 65 contralorías territoriales, en 30 de ellas se han organizado este tipo de fondos de bienestar social: 15 como fondos cuenta y 15 como establecimientos públicos. Las 35 contralorías restantes ejecutan directamente los recursos asignados en los rubros de bienestar social y capacitación –como debe ser– y se someten al control fiscal de la AGR.

Funcionarios

Llama la atención que el número de funcionarios de las contralorías que cuentan con estos fondos es realmente bajo, en comparación con las que no los tienen; tal es el caso de las contralorías del Vaupés, que tiene seis funcionarios, Guainía siete, Amazonas ocho y Vichada nueve, entre otras, situación que no justifica la creación de este tipo de fondos.

La Auditoría General de la República ha demandado ante la jurisdicción contencioso-administrativa, la nulidad simple de la constitución de estos fondos de bienestar social, procesos que están en curso.

“Es necesario ponerle orden al manejo de los recursos destinados al bienestar social de los funcionarios, pero ejecutarlos directamente por las contralorías, por cuanto la figura de los fondos se ha ido convirtiendo en una manera de obviar el control y tercerizar la contratación, en algunos casos. Además, esos fondos hasta hoy no habían sido sometidos a un riguroso control”, concluyó Carlos Hernán Rodríguez.