LA DECISIÓN de Vanti de incrementar las tarifas de gas natural hasta en 36%, aceleró la crisis energética en el país que siguió con la puja entre el gobierno y los gremios, que reclaman los recursos que no se han girado para evitar la quiebra de algunas distribuidoras y generadoras.

Para Vanti, el incremento es consecuencia de varios factores, entre los cuales destacan el alza en el precio de la molécula de gas y los mayores costos derivados del transporte debido a los nuevos suministros provenientes de la Costa Caribe.

Vanti, junto a otras distribuidoras como Gas Natural Cundiboyacense y Gas Natural del Oriente, detalló que los aumentos afectarán principalmente a ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Villavicencio, Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué, Neiva y Yopal, entre otras.

Según el comunicado oficial de la empresa, el principal motivo de este ajuste es el aumento en los costos del gas nacional a partir de 2025, la necesidad de incorporar gas importado para satisfacer la demanda nacional y los mayores gastos por el transporte de gas desde las nuevas fuentes de suministro.

Por su parte, TPLGas, filial del grupo TPL Energía, había informado el pasado 1 de diciembre que, con el fin de ofrecer soluciones eficientes y seguras a la demanda de gas natural en el país, entró en funcionamiento y empezó a suministrar gas natural licuado a ocho firmas que operan en Colombia.

Autosuficiencia

De esta manera, se puso fin a 45 años de autosuficiencia en el país, además, se cumplieron las advertencias emitidas por los diferentes gremios del sector energético.

TPLGas es la primera comercializadora de Gas Natural Importado en Colombia, conforme a la regulación vigente, esta empresa está autorizada y en capacidad de comercializar gas natural importado en el mercado primario y gas natural nacional en el mercado secundario.

La compañía puso a disposición del mercado 40.000 millones de unidades BTU (MMBTU), con lo que contribuye a solventar la difícil oferta de gas natural por el que atraviesa el país. En momentos en los que se estima que hay un déficit del 8,2% de la demanda total en 2025 y, en 2026, este llegaría a un 20,6%.

El comunicado remarca que el inicio de operaciones de TPLGas en un momento tan importante para el país frente a la alerta de desabastecimiento de gas natural en los próximos años, es posible gracias a la contratación que tiene el grupo con la terminal de regasificación de Cartagena que aporta el respaldo físico que se requiere para la actividad de comercialización.

Precisamente, estas alertas son las que ha venido desconociendo el Gobierno. En varias oportunidades, el ministro de Minas, Andrés Camacho, prefirió anunciar que investigarán a Avanti por el incremento en las tarifas e insistió que en el país hay suficiente gas, por parte de Ecopetrol, para cubrir el abastecimiento.

Advertencias

Ante esta situación, los entes de control, como la Procuraduría, tuvieron que salir al paso y alertar sobre lo que estaba sucediendo, no solo con el suministro de gas, sino con el servicio de energía en el país.

En una advertencia a los gobernadores y alcaldes del país, los instó a tomar medidas urgentes para garantizar la prestación continua del servicio y evitar un eventual apagón, que podría afectar a millones de ciudadanos.

El ente de control, enfatizó la responsabilidad legal de los mandatarios en cuanto a la garantía de pago oportuno de los servicios públicos, al señalar que estos deben incorporar en sus presupuestos las partidas correspondientes para cubrir las deudas pendientes con las empresas prestadoras de energía.

“El deber legal que les asiste de cumplir con el pago oportuno de los servicios públicos, en sus municipios o distritos, incorporando en los presupuestos las partidas correspondientes y hacer las apropiaciones necesarias para cumplir con tal fin”, recordó la Procuraduría a través de su comunicado.

Las presiones

El sector eléctrico colombiano está bajo presión en los últimos meses debido a problemas financieros derivados de la acumulación de deudas por parte de entidades oficiales. Estas deudas incluyen pagos pendientes de subsidios, la opción tarifaria y obligaciones incumplidas de entidades públicas que, en calidad de usuarias del servicio, han generado un impacto negativo en las empresas proveedoras de energía.

La Procuraduría Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial solicitó a las autoridades locales que implementen estrategias a corto y mediano plazo para mitigar esta problemática.

Asimismo, advirtió que “el incumplimiento en el pago de los servicios públicos domiciliarios por parte de las entidades oficiales, en calidad de usuarios, constituye una causal de mala conducta”. Esto implica que los responsables podrían enfrentar sanciones disciplinarias si no se adoptan medidas correctivas.

Por otra parte, a eso se suma la petición de los gremios de los gremios del gas al señalar que “de acuerdo con las cifras del Gestor del Mercado no hay suficiente gas natural local disponible para garantizar la atención sin interrupciones del 100% de la demanda de gas natural, que beneficia a más de 36 millones de colombianos. A partir del 1 de diciembre de 2024 los faltantes fueron del 12% de la demanda nacional. A finales de 2025 y durante 2026 el déficit se incrementará al 30%. Esto nos obliga a importar gas natural para atender la demanda de hogares, comercios, vehículos e industrias”.

Acelerar proyectos

Ante esta situación, dicen que “las medidas de corto plazo son priorizar y acelerar el desarrollo de los proyectos de exploración y producción de gas local, en área continental y costa afuera, y la infraestructura de transporte requerida, adoptar regulación adicional para flexibilizar la compra y venta de todo el gas natural disponible, definir los lineamientos que permitan comercializar gas natural importado para la atención de la demanda esencial e industrial y resolver solicitudes tarifarias para gasoductos de transporte y de distribución y para la actividad de comercialización a usuarios finales”.

Asimismo, consideran en su reclamo los gremios que “según la UPME, desde 2027 no habrá suficiente energía firme para cubrir la demanda, lo que implicaría racionamientos en caso de ocurrencia de El Niño o mayores sequías. Tras el pasado Fenómeno de El Niño, los embalses quedaron en mínimos críticos, y la falta de lluvias genera una situación alarmante (50% de capacidad). Se activó el estatuto de riesgo de desabastecimiento para mantener la generación térmica al máximo y permitir la recuperación de los embalses. Es crucial un seguimiento continuo del Gobierno para evitar la crisis a corto plazo. Se requiere una expansión urgente de proyectos de todas las tecnologías para cubrir el déficit de energía firme, junto con nuevas medidas para contratar energía, optimizar recursos y promover el ahorro de agua y energía”.

Indicaron los gremios que algunas medidas para afrontar la coyuntura son realizar “nuevas subastas de expansión sin limitar la participación de tecnologías, promover esquemas de contratación de largo plazo, aplicar el estatuto de desabastecimiento a partir de las mejoras que se requieren, acelerar el proceso de asignaciones de punto de conexión, iniciar una campaña de ahorro de agua y de energía masiva y establecer metas de compensación para aquellos que ahorren”.

Negociar acuerdos de pago

Para enfrentar la crisis, la Procuraduría propuso la creación de mesas de trabajo que permitan la negociación de acuerdos de pago entre los gobiernos locales y las empresas de energía. Estas reuniones buscarían garantizar la estabilidad financiera del sector y evitar interrupciones en el servicio; sin embargo, el éxito de estas medidas dependerá en gran parte de la voluntad de los mandatarios locales para presentar soluciones viables y sostenibles.

Así mismo, el Ministerio de Hacienda tomó algunas medidas para aliviar la crisis, anunciando el pago de 1 billón de pesos en subsidios para las empresas de energía. Este desembolso, correspondiente a la vigencia de 2024, reduciría temporalmente el riesgo de apagón, aunque aún no está claro si incluye también los pagos pendientes de subsidios para el servicio de gas.

El problema de las deudas acumuladas no solo afecta el suministro de energía en las principales ciudades del país, sino que tiene un impacto significativo en regiones vulnerables, donde la infraestructura eléctrica es más precaria.