MEDIANTE EL Decreto 0301 el Gobierno nacional dio a conocer el incremento del salario para los empleados públicos, mismo que para este 2024 se fijó en 10,88%.
Tras varias reuniones entre el estado y los sindicatos del sector público, finalmente llegaron a un acuerdo con la cifra, la cual se deriva del 9,28% correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual del 2023, más un 1,6%.
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El aumento en los salarios beneficia a empleados públicos de ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, unidades administrativas especiales, establecimientos públicos, corporaciones autónomas regionales, así como empresas sociales del Estado, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta.
Con respecto a lo anterior, cabe resaltar que, desde el 5 de marzo del presente año, este aumento también cobija a empleados públicos, docentes y administrativos de las universidades estatales u oficiales.
Así las cosas, los ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro quedarían ganando un total de $26.875.924 de pesos. Otros funcionarios que tuvieron ajustes en su salario fueron: director general de la Unidad Administrativa Especial de la Nacional de Hidrocarburos con una asignación de $29.889.738; superintendente de la Superintendencia de Salud de Colombia $28.580.086; experto de comisión reguladora $20.425.708 pesos; superintendente de la Superintendencia Financiera de Colombia $17.336.871; viceministros 14.900.000 y agentes escoltas de la UNP $2.948.278.
La decisión del jefe de Estado calma un poco los ánimos, pues cabe recordar que, en noviembre del 2023 durante el Congreso Nacional de la Infraestructura, Petro anunció que congelaría el salario de funcionarios públicos, según él, buscando paliar las consecuencias económicas de la reciente decisión de la Corte Constitucional, que dejó un hueco de 6,5 billones de pesos en los ingresos del próximo año.
Para ese entonces, el mandatario argumentó que la decisión de la Corte que declaró inexequible una parte de la reforma tributaria, generaría una significativa disminución en los ingresos del país. El fallo impactó directamente en el sector minero-energético al permitirles deducir el 100% de los impuestos, tasas y contribuciones de su impuesto de renta.
“Para el 2024, no pueden subir los altos salarios en las tres ramas del poder público ni en las entidades descentralizadas. Sería un suicidio económico. Esto ayudará a una parte del hueco de 6,5 billones que nos deja esta decisión”, expresó Petro durante su intervención en el congreso.