Una vez que el Gobierno presentó el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2025 y con un incremento de 3% frente al de 2024, desde todos los sectores políticos y económicos han surgido críticas sobre varios aspectos que saca a la luz el contenido de la hoja de recursos.

La iniciativa expone un monto de $523 billones de los cuales $328 billones (63%) se destinan a funcionamiento, $113 billones (21%) al servicio de la deuda pública y $82 billones (16%) a la inversión pública.

El monto propuesto en el PGN para 2025 supone un 3% de crecimiento. Este crecimiento se concentra en el monto destinado al pago de deuda pública con $13,1 billones adicionales (13%) y el rubro de funcionamiento con $17,6 billones adicionales (5%). Sin embargo, la inversión pública caerá 16% en términos reales con $14,8 billones menos para el próximo año.

Uno de los primeros cuestionamientos provino del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, pero también de diversos analistas como Fedesarrollo, Anif y expertos. De allí que EL NUEVO SIGLO, resume los principales peros al PGN:

1.- Desfinanciamiento

Los expertos dan cuenta de un posible desfinanciamiento de $31,1 billones. Sus cuentas parten de que, como mencionó el Gobierno, hay $12 billones que dependen de una reforma tributaria. De entrada este monto es incierto, a sabiendas de que el proyecto tendrá que pasar primero por el Congreso, donde dependiendo de las modificaciones podría salir con un recaudo potencial menor, o inclusive caerse.

2.- Menos ingresos

Las proyecciones de ingresos y el posible desfinanciamiento son una preocupación central en relación con el presupuesto del próximo año. Los ingresos proyectados para 2025 alcanzan $511 billones, dejando un déficit de $12 billones que el Gobierno planea cubrir mediante una Ley de Financiamiento. Existe una alta dependencia en la aprobación de esta ley, en la eficiencia de la DIAN para alcanzar las metas de recaudo y el buen desempeño económico de Ecopetrol, lo que añade incertidumbre. Advierten los expertos que “en caso de que el Congreso no apruebe la Ley de Financiamiento, la caída en el rubro de inversión pública podría llegar al 30%. En el proyecto, el Ministerio de Hacienda estima ingresos tributarios de $316,5 billones, $26,6 billones por encima del estimado por el propio gobierno en el marco fiscal de mediano plazo, publicado el pasado 14 de junio. Estas cifras implicarían un crecimiento de los ingresos tributarios del 22,4% frente a la meta de 2024 ($258,6 billones), más de tres veces el crecimiento del PIB nominal, que se estima alrededor del 7,4% en 2025. Como porcentaje del PIB, los ingresos tributarios aumentarían de 16,3% del PIB a 17,8% del PIB, un incremento de 1,5 puntos porcentuales.

3.- ¿Y los 12 billones?

Las cuentas alegres que está haciendo el Gobierno, al incluir $12 billones de lo que se pueda percibir con una reforma tributaria para completar la totalidad del PGN en $523 billones, es uno de los mayores riesgos, como lo señala el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. En declaración a  EL NUEVO SIGLO, Mejía dijo que “hay un riesgo alto de que estos ingresos adicionales no se materialicen, ya que $12 billones tendrían que provenir de una reforma tributaria que podría afectar aún más la recuperación económica, y los restantes $14,6 billones no parecen tener una fuente confiable”.

4.- Las presiones con reforma tributaria

Desde varios sectores se ha criticado al Gobierno por presionar al Congreso con la presentación del Presupuesto atado a una ley de financiamiento o reforma tributaria y pretender hacer caja con unos recursos que no están asegurados. Al respecto, Fedesarrollo, dice que una ley de financiamiento o reforma tributaria no es conveniente en una economía con bajo crecimiento, justamente en parte por los efectos de las reformas tributarias de 2021 y 2022 sobre los hogares y las empresas. Además, recaudar $14,6 billones adicionales por encima de lo estimado para el próximo año parecen difícil, especialmente dado el comportamiento del recaudo en lo corrido del año.

En este sentido, lo prudente desde el punto de vista fiscal y de recuperación de la actividad productiva sería reducir el monto del presupuesto en $26,6 billones (1,5% del PIB).

5.- La regla fiscal

El cumplimiento de la Regla Fiscal en 2025 dependerá de una reducción del gasto y de la realización de ajustes fiscales adicionales si se concretan los riesgos de desfinanciamiento señalados. En este escenario, el presupuesto de inversión se podría seguir viendo afectado dado que, por las inflexibilidades del gasto de funcionamiento, el Ejecutivo tiene poco margen de discrecionalidad para hacer recortes en este rubro. Desde el Observatorio Fiscal se considera que en el corto plazo se debería racionalizar el incremento en los gastos de funcionamiento y en el mediano plazo es necesaria una reforma a la estructura del gasto público en el país que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas. Señaló el director de Fedesarrollo, que “el Gobierno nacional ha mostrado un importante compromiso con el cumplimiento de la regla fiscal, tomando decisiones difíciles como el aumento del precio de la gasolina y el reciente recorte en el presupuesto de 2024. Para continuar en la senda de consolidación de las finanzas públicas del país, es esencial que el monto del presupuesto para el próximo año sea ajustado a la baja”.

6.- El recaudo de la DIAN

Tal como sucedió en el 2023, cuando recaudo bruto de impuestos alcanzó $278,9 billones con un crecimiento de 22% frente a los $228,3 billones alcanzados en 2022, pero con apenas el 96,2% de la meta de $290,1 billones, con un hueco de casi $11 billones, para 2024 continuará el descuadre de las metas tributarias. Hasta abril pasado, de los $107,3 billones en ingresos por impuestos proyectados para abril, el Gobierno se ha estancado en $85,9 billones, es decir $21,5 billones por debajo de la meta, con una descolgada vertiginosa del 41% interanual. Es la cifra más baja en 14 años.

Por eso hay dudas en las cuentas que se hacen con el PGN para 2025, ya que no hay certidumbre sobre $14,6 billones más que vendrían por el recaudo por gestión tributaria de la DIAN y lucha contra la evasión y $4,5 billones adicionales de recursos de capital resultantes de las utilidades de Ecopetrol y el resto de empresas industriales y comerciales del Estado.

7.- Pago de deuda

En el PGN se prevén $112,6 billones para atender el servicio de la deuda, con $12,3 billones más frente al presupuesto de 2024, para honrar acreencias.

Según el Observatorio, la deuda pública sigue siendo el sector con mayor asignación, $21 de cada $100 pesos del presupuesto nacional se destinarán al pago de obligaciones crediticias. Esto es un síntoma de unas finanzas públicas en deterioro, pues la mayor parte de este rubro se destina al pago de intereses cada vez más costosos”.

8.- Recortes en inversión

Las cifras en gasto de inversión están seriamente afectadas con recortes de 33%, pasando de $106 billones a $82 billones. Según el Observatorio, los recortes en inversión traerían como consecuencia la disminución de demanda agregada, menos proyectos de alto impacto, menor inversión privada y menos perspectivas de crecimiento a largo plazo.  según el Observatorio, “los mayores recortes en el rubro de inversión se centran en Inclusión y reconciliación Social con $5 billones menos (−39%), Agricultura y Desarrollo Rural con $3,9 billones menos (−48%), TIC con $1,4 billones menos (−43%), Vivienda con $1,4 billones menos (−24%) y Educación con $800 mil millones menos (−9%)”.

Al respecto, la Contraloría expuso evidenció críticas sobre la inversión al señalar que “hay una preocupante disminución en la asignación para sectores claves para la economía como vivienda, y agricultura”. Agregó que “es imperativa la necesidad de asegurar que los recursos se asignen de manera efectiva para fomentar la reactivación económica”.