Una caída en el recaudo de impuestos esperada para 2020 podría hacer que las calificadoras de la deuda soberana del país modifiquen sus notas. Esta situación, que de todos modos ya está siendo prevista por los mercados, surge de la disminución en el pago de tributos por parte de las personas jurídicas principalmente en la renta y la reducción del IVA en la compra de bienes de capital.

Superada la incertidumbre por las modificaciones en las metas de la regla fiscal, ahora el elemento principal de riesgo es por el recaudo tributario.

Luego de las decisiones del Comité de la Regla Fiscal (CCFR), se ha intensificado en Colombia la discusión sobre las perspectivas de las finanzas públicas y el rumbo de la calificación soberana. Al respecto, hay opiniones encontradas sobre la ampliación del déficit permitido para este y el próximo año.

El ajuste

Para algunos analistas, esta modificación representa un relajamiento del esfuerzo de ajuste fiscal, que podría llevar a las calificadoras de riesgo a tomar decisiones que afecten el grado de inversión del país.

Al respecto, se ha afirmado que las determinaciones del Comité no cambian de forma sustancial el panorama de consolidación fiscal que deben afrontar las autoridades colombianas. De hecho, frente a la senda de mediano plazo que se fijó el año anterior los cambios adoptados en 2019 son apenas marginales.

A esto se agrega que la norma en la historia del CCRF es la de modificar la senda prevista de déficit. Por lo tanto, se considera que el hecho de tener para este año una meta diferente a la que se previó en 2018 no es motivo suficiente para revisar el perfil crediticio del país.

En su lugar, en materia de calificaciones un factor que puede ser mucho más determinante tiene que ver con la debilidad de los ingresos tributarios. Hay que tener en cuenta que en el corto plazo la agencia que está más cerca de decidir sobre Colombia es Moody’s. Su última decisión sobre el país fue en febrero del año anterior, cuando puso la calificación de Baa2 en perspectiva negativa.

Tendencia

Esta agencia reiteró que uno de los mayores inconvenientes es el bajo nivel de recaudo. Al incorporar en las proyecciones el efecto esperado de la Ley de Financiamiento, la tendencia a partir de 2020 será a la baja como ya lo han alertado no solo los analistas sino los asesores de las firmas calificadoras.

Esto se explica por el costo de los beneficios aprobados a las empresas que incluyen la disminución en el pago de renta y el IVA en la adquisición de bienes de capital.

Actualmente el recaudo de impuestos respecto al PIB se encuentra en 18,8%, lo que muestra un nivel inferior al que presenta el promedio de la región, el cual es de 22,8%.

Teniendo en cuenta lo anterior, se cree que lo que ocurra con la calificación crediticia del país no dependerá de la senda de déficit. Al fin y al cabo el Comité ha marcado un rumbo de ajuste gradual que se ha cumplido en los últimos dos años, y que seguirá un ritmo similar en la actual vigencia, con todo y el mayor gasto asociado a la atención de la población venezolana.

En su lugar, la decisión de las agencias dependerá de lo que ocurra el próximo año. Para ese momento se requerirá que las autoridades desplieguen acciones que conduzcan a un fortalecimiento de la base de ingresos del Gobierno nacional. Del éxito de estas medidas dependerá que el país siga ostentando un estatus crediticio que le ha traído grandes beneficios en la última década.