Pese a múltiples esfuerzos públicos y privados, el país continúa perdiendo la cruzada contra la tala de árboles. De hecho, el informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dado a conocer esta semana confirma que la deforestación el año pasado alcanzó una extensión de 107.000 hectáreas, lo que significa un 35 % más que la registrada en 2023, cuando fueron afectadas por este lesivo fenómeno 79.256 hectáreas.

Lamentablemente el dato no sorprende. De hecho, ya la Procuraduría General había advertido, a comienzos de diciembre, sobre un “alarmante aumento” del 223,52 % en la deforestación de la Amazonía, comparada con el mismo periodo de 2023, citando cifras del Ideam.

La entonces titular del Ministerio Público, Margarita Cabello, alertó que esas cifras evidenciaban un panorama crítico agravado por la expansión de actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y el acaparamiento de tierras, muchas veces impulsadas por la presencia de grupos armados en la región.

Incluso recalcó que desde el 2001, con excepción del 2023, se han reportado pérdidas de bosque por encima de las 110.000 hectáreas anuales. De hecho, entonces previó que el 2024 cerraría con pérdidas de áreas boscosas superiores a las 100.000 hectáreas, lo que ahora viene a confirmar el Gobierno.

Aunque el Ministerio de Ambiente señala que pese a lo ocurrido el año pasado, durante el periodo 2022-2024 el país "logró una reducción acumulada del 40 %, evitando la deforestación de más de 212.000 hectáreas y preservando así más de 118 millones de árboles", es claro que hay falencias de fondo en la estrategia para preservar los bosques.

De entrada, el Ejecutivo advierte que el aumento de la destrucción de los árboles tiene una directa relación con las zonas en donde operan los grupos armados ilegales, sobre todo los relacionados con narcotráfico, minería criminal y tala ilegal de árboles. Es decir, que el incremento de la deforestación termina siendo una consecuencia directa de una deficiente política de seguridad y orden público que no solo ha permitido un rebrote de la violencia en muchos territorios, sino también el fortalecimiento de estos grupos por cuenta de las gabelas de la criticada política de “paz total”.

Pero no es el único factor desencadenante de este fenómeno criminal. La Procuraduría también denunció un aumento peligroso de la actividad ganadera en zonas de los parques nacionales naturales, así como la expansión desordenada de la frontera agrícola, la construcción de vías ilegales en la selva, la titulación irregular de predios y hasta la urbanización informal en áreas cercanas a bosques, entre otros flagelos.