La libertad de prensa en todo el mundo continúa gravemente amenazada. Y no solo por cuenta de los asesinatos y atentados a periodistas y medios de comunicación, sino por el alto número de reporteros y trabajadores asociados que han muerto en lo corrido de este año en cubrimientos periodísticos, especialmente en el marco de conflictos bélicos como los de Medio Oriente o en la confrontación ruso-ucraniana.

A esto se suman el aumento de las legislaciones restrictivas o que aplican métodos de censura cada vez más directos sobre la labor de informar de forma libre, responsable e imparcial. Los más recientes reportes de las organizaciones de libertad de prensa, así como de las agencias de la ONU y de derechos humanos sobre esas normativas que expiden los gobiernos, la mayoría de corte autoritario, pero también en naciones de corte democrático, contra el ejercicio periodístico son extremadamente preocupantes, no solo por sus implicaciones, sino porque se han extendido a los cinco continentes.

Esta semana comenzó con un nuevo campanazo al respecto. Según las agencias de prensa internacional en Afganistán el Gobierno talibán comenzará a aplicar una directriz que prohíbe a los medios de comunicación publicar imágenes de seres vivos y otro tipo de contenidos que se consideren contrarios u ofensivos de los postulados de la ley islámica. Esta legislación ya había estado en vigencia a finales del siglo pasado, mientras el régimen talibán primó en ese país, hasta 2001. Fue reimplantada al comienzo de esta década, con el regreso de esa facción político-religiosa al poder.

Una vez más, entonces, es necesario alertar sobre el aumento de las restricciones legales al ejercicio de la libertad de prensa que, como se dijo, se están extendiendo en no pocos países, bajo distintas motivaciones políticas, económicas, religiosas, jurídicas e institucionales.

Como siempre hemos recalcado en estas páginas: producir y recibir información libre y veraz es un derecho fundamental de toda persona, y cualquier cortapisa es una violación grave de esa garantía básica. Esto resulta aún más urgente en medio de la cobertura global de las redes sociales y la circulación masiva de contenidos en internet, muchos de ellos noticias falsas o destinadas a manipular y desinformar a la opinión pública.