La llegada a Bogotá de no menos de dos mil integrantes de un resguardo de la comunidad indígena Emberá, establecido en Risaralda, evidencia que el Estado no ha podido implementar una política funcional para manejar los reclamos de las minorías étnicas como tampoco para cumplir los compromisos realizados por distintos gobiernos.

Según los líderes de la movilización, que se instaló en los alrededores de la sede de la Agencia Nacional de Tierras, sus exigencias se concentran en tres aspectos: primero, la urgencia de que se les otorguen tierras más productivas, ya que una gran cantidad de las que hoy tienen asignadas no son fértiles o están en zonas de reserva natural. En segundo término, urgen de las autoridades mayores garantías de seguridad, toda vez que son blanco de amenazas e intimidaciones de los grupos armados ilegales. Y, por último, piden un mayor índice de inversión social para poder mejorar su calidad de vida y superar el estado de pobreza en que sobreviven miles de personas de estos resguardos.

Aunque el Ejecutivo, a través de la citada agenda, abrió desde ayer en la mañana canales de comunicación con los líderes de la protesta, es claro que hay limitantes en materia presupuestal, de capacidad institucional e incluso normativas para cumplir el referido pliego de peticiones.

No es un secreto que la política de compra y entrega de tierras productivas al campesinado y las minorías étnicas es una de las mayores decepciones en más de dos años de mandato de izquierda, a lo que se suma una serie de anomalías e incluso presuntos actos de corrupción en parte de los predios adquiridos y adjudicados. Las estadísticas señalan que la gestión ha sido muy deficiente y que, tal como se ha denunciado en sendos debates en el Congreso, hubo muchas propuestas populistas que, por obvias razones, quedaron en el aire.

Mientras se espera que la Agencia Nacional de Tierras y otras entidades del Gobierno Nacional Central encuentren alguna solución para esta nueva toma indígena, la alcaldía de Bogotá debe estar atenta a que estos centenares de personas no se vuelvan a tomar el Parque Nacional ni tampoco se dirijan a otros sitios de concentración de integrantes de resguardos, como el parque de La Florida o el sector de La Rioja. Hay de por medio retos logísticos, sanitarios, de seguridad, humanitarios y de espacio público que el Gobierno, no el Distrito, debe resolver eficientemente.