- Alta tensión en Medellín
- Renunció en bloque la Junta Directiva
Desde hace muchos años Empresas Públicas de Medellín (EPM) se ha distinguido por ser una entidad oficial con gran reputación, buenos resultados económicos y proyección nacional e internacional. Hoy es un consorcio multilatino con presencia en Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México y Panamá, atendiendo a más de 20 millones de personas en servicios de provisión de aguas y gestión de los componentes residuales; generación, distribución, comercialización y transmisión de energía; comercialización de gas natural, potabilización de agua de mar y gestión de residuos sólidos. Una de sus principales características es la innovación estratégica y la búsqueda de negocios y nichos de inversión. Por ejemplo, en marzo pasado se ganó el negocio de CaribeMar, una de las dos compañías resultantes de la separación del mercado de Electricaribe. Así las cosas, será el nuevo operador en Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre.
En esa dirección, todo lo que tenga que ver con EPM tiene un alto impacto, tanto por su patrimonio, su misión y por las utilidades que son determinantes para la Alcaldía de Medellín. Por ello, desde 2018 se ha puesto foco sobre la grave y conocida situación que se presentó en el complejo hidroeléctrico de Hidroituango, la represa más grande de Colombia, destinada a producir no menos del 17 por ciento de la energía nacional, en la que EPM tiene altos intereses, y cuyo proceso de construcción estaba tasado inicialmente en más de 8 billones de pesos.
Como se recuerda, en abril de ese año se presentó un taponamiento en una galería auxiliar del complejo hidroeléctrico y ante el riesgo de que el embalse colapsara y generara una cadena de inundaciones y emergencias en la parte alta del río Cauca, fue necesario adoptar medidas extraordinarias y dedicar billonarias inversiones para atender la emergencia. Pero desde hace dos años, no se sabe a ciencia cierta quién debe sufragar esos costos.
El lunes pasado la Administración de EPM, en consonancia con el alcalde Medellín, resolvió presentar una demanda sorpresiva por 9,9 billones de pesos contra los aseguradores, constructores, diseñadores, calculistas y, en general, todos aquellos que de una u otra manera participaron en el proyecto. Se trata de la más cuantiosa demanda presentada en la historia de Colombia por una entidad oficial en este tipo de contratos.
Igualmente, hace pocos días, esta misma Administración de EPM, con la anuencia de la Alcaldía, presentó a consideración del Concejo de Medellín un repentino proyecto de cambio de estatutos dirigido a ampliar el objeto social de la empresa, pasando del campo tradicional de los servicios públicos domiciliarios a otras actividades comerciales o industriales que no están hoy dentro del campo de negocios del grupo, del cual el principal y prácticamente único accionista es el municipio de Medellín.
Estas dos recientes actuaciones de la administración de EPM y del alcalde de Medellín, aunque sorpresivas, se podrían catalogar como normales en una empresa de su tamaño y capital. Pero ahí no terminan las cosas. El problema consiste, nada más y nada menos, en que inexplicablemente estas acciones no fueron consultadas, a pesar de su magnitud, con la Junta Directiva de la entidad, lo que de inmediato generó la reacción adversa de ocho de sus nueve sus integrantes (el noveno es el alcalde). Inicialmente los miembros de la Junta expidieron una dura carta pública denunciando esa compleja e inédita situación y, después, en un hecho aún más complicado, ayer renunciaron en bloque. Como era de esperarse, lo ocurrido ha causado gran desconcierto y malestar, no solo en el círculo empresarial sino, en general, en la ciudadanía antioqueña, que cuida y se ocupa de la suerte de EPM con especial atención. Ojalá entonces, más pronto que tarde, el alcalde y el Gerente de EPM expliquen por qué pretermitieron la opinión de la Junta al tomar estas dos decisiones trascendentales y cómo subsanarán la crisis. No es de poca monta, por supuesto, entrar a cambiar el objeto social de la empresa sin cumplir el ciclo completo de debate, revisión y autorización de la Junta, ni tampoco es claro que se pueda poner en marcha una demanda de semejante envergadura sin el mismo procedimiento.
Por lo demás, es claro que estas controversias no le hacen bien a un Grupo que, como se dijo, está próximo a comenzar a operar en cuatro departamentos de la Costa Atlántica, en tanto que apenas está saliendo de las graves circunstancias en que se ha visto sumido por Hidroituango.
Pero sobre todo debe tenerse en cuenta que esta clase de incertidumbres en una empresa de la dimensión de EPM no solo es grave para su tradición de estabilidad y seriedad institucional, como para su transparencia reconocida, sino para el panorama de confiabilidad en el suministro de energía eléctrica en el país.