Mientras que en algunos municipios ya están en marcha sendos procesos que buscan revocar el mandato a sus alcaldes, también empiezan a sentarse las bases para constituir movimientos significativos de ciudadanos con miras a respaldar candidatos al Congreso e incluso a la Presidencia de la República en 2026.

En cuanto a lo primero, ya se avanza en la recolección del mínimo de firmas para constituir los respectivos comités promotores de este mecanismo de participación ciudadana, en tanto que para lo segundo el próximo 8 de marzo, de acuerdo con el calendario electoral, comienza el registro de comités inscriptores de candidaturas al Parlamento apoyadas por grupos significativos de ciudadanos.

Cuatro años atrás, en el arranque de 2021, incluso mediando todavía la crisis pandémica, hubo múltiples alertas en torno a la debilidad de los controles de las autoridades electorales sobre esas campañas de recolección de apoyos ciudadanos para forzar la salida de un mandatario regional o local o para respaldar a los llamados “candidatos por firmas”.

Fueron múltiples las presuntas anomalías denunciadas, desde la falta de control sobre las fuentes de financiación de estas campañas de búsqueda de rúbricas, hasta la posibilidad de que tanto los procesos de revocatoria o aquellos para crear movimientos políticos bajo la figura de los “grupos significativos de ciudadanos” terminaran siendo utilizados como mecanismo de fachada para que algunos dirigentes políticos adelantaran actividades proselitistas anticipadas para futuras aspiraciones al Senado y la Cámara a nombre de colectividades ya constituidas y con su respectiva personería jurídica.

No es un tema menor. Por ejemplo, según la Misión de Observación Electoral, para los comicios parlamentarios de 2022 se inscribieron 154 candidatos avalados por movimientos significativos de ciudadanos, en tanto que, de acuerdo a datos de la Registraduría, hubo 143 comités promotores de iniciativas de revocatoria, pero solo una salió avante: la de la alcaldesa de Susa (Cundinamarca).

En recientes informes publicados por este Diario se consultó a expertos y organizaciones de veeduría electoral en torno a qué posibilidades hay de que en este 2025 se repitan las mismas irregularidades de un cuatrienio atrás. La respuesta fue preocupante: no se activó ni creó ninguna medida legal o control reglamentario o administrativo adicional y efectivo para vigilar que las campañas de recolección de firmas sean transparentes y su financiación verificada.

Como se ve, la conclusión es una sola y desalentadora para la democracia: tanto al Gobierno y el Congreso como a la propia organización electoral se les hizo ya tarde para implementar estos controles a la recolección de apoyos ciudadanos. Mala cosa.