EL NUEVO SIGLO: Tras el acuerdo al que llegó el Gobierno con los pequeños mineros que estaban en paro, ¿cómo analiza Fenalcarbón este pacto?
CARLOS CANTE: Considero que son medidas necesarias que se utilizan en todos los gobiernos para retornar por las vías del diálogo y la concertación, pero que no incluyen todos los matices de la discusión de los pequeños mineros a nivel nacional, sino que se está concentrando en la problemática del Bajo Cauca antioqueño y del sur de Córdoba, en donde se concentra la mayor problemática de explotación ilícita de oro con maquinaria pesada.
ENS: Hay quienes sostienen que este mismo tipo de acuerdo se ha hecho en el pasado con otros gobiernos, pero poco ha funcionado, ¿por qué?
CC: Sí, efectivamente este tipo de acuerdos son calcados, tal vez, a los que en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en 2011 y 2013 se llegó con los mineros del bajo Cauca y del Chocó; precisamente porque el fin que tenían ellos era que se detuvieran los operativos de control y destrucción de maquinaria.
Efectivamente, se estableció en su momento una caracterización, pero lo que se identificó es que ese tipo de minería, que es una minería itinerante, con maquinaria en los márgenes de los ríos, tiene demasiadas problemáticas ambientales que cuando se trata de concertar con las autoridades ambientales y con el mismo Ministerio del Medio Ambiente para poder desarrollar unos términos de referencia acordes al desarrollo de esa actividad con maquinaria, resulta prácticamente imposible y por eso los ejercicios de formalización específicamente en minería aluvial han resultado bastante complejos.
ENS: En cuanto a la minería de zonas de alto impacto ambiental, ¿cree que hay avance en este tipo de acuerdos?
CC: Existe una problemática en zonas ambientalmente sensibles que tiene que ver con los páramos ya delimitados, los páramos que están pendientes de limitar, inclusive las zonas aledañas a los páramos que las autoridades ambientales consideran deben ser protegidas también, porque en esa zona se han establecido desde hace muchísimo tiempo, antes de que fueran delimitadas, zonas de actividad minera.
Los mineros formales y legales de empresas grandes desde hace mucho rato, cuando se han hecho estas delimitaciones, han recortado áreas y devuelto los títulos mineros, pero los pequeños mineros que habitan los territorios no han encontrado una solución y la delimitación los está dejando no solo por fuera de su actividad económica, sino por fuera de sus territorios ancestrales en donde han vivido y de donde han obtenido su fuente de recursos durante tanto tiempo.
ENS: ¿La polémica en torno al Decreto 044 de 2024 se mantiene?
CC: Lo que genera el Decreto 044 es la incertidumbre frente a la posibilidad de que por vía de un decreto accesorio a ese 044 o una resolución del Ministerio del Medio Ambiente, de un tajo se prohíban el desarrollo de las actividades mineras en muchas zonas que hoy tienen en entredicho esa sensibilidad ambiental y que el Gobierno y las autoridades, tanto nacionales como regionales, desde el punto de vista ambiental, todavía no han resuelto.
De tal manera que los pequeños mineros están viendo cómo esa situación los mantiene en un limbo y el Decreto 044 está pendiente de una reunión con el Ministerio de Medio Ambiente, porque en ningún momento se ha dicho que se pretende modificar.
ENS: ¿Cuál debe ser el método más adecuado para frenar la minería criminal?
CC: En los últimos 20 años, el Gobierno nacional ha ensayado cualquier cantidad de estrategias para frenar la explotación ilícita de minerales y, sobre todo, para evitar el manejo y el control por parte de grupos criminales de este tipo de actividades para financiarse y para lavar el dinero, producto de sus actividades delincuenciales.
Son muchos los mecanismos que se han creado, hay muchísimas formas hoy por hoy de hacerle seguimiento a esos movimientos irregulares. Sin embargo, lo fundamental que debe suceder en los territorios es el control territorial por parte de la Fuerza Pública, en donde se pueda aislar la situación de los pequeños mineros tradicionales que han llevado a cabo su actividad durante tanto tiempo; de grupos criminales que hoy los presionan para que ellos se pongan al frente, reciban maquinaria, permitan el ingreso de dineros ilícitos y con eso se construye a toda una economía criminal.
Esto a partir de un ejercicio que ha sido legítimo por parte de muchos mineros en muchos territorios, pero que resulta difícil de controlar precisamente por falta de seguridad física en los territorios.
Por otro lado, se debe controlar el ingreso de la maquinaria de esos territorios que llega de manera irregular, el ingreso de los insumos como el ACPM, el ingreso de dinero de grandes cantidades en efectivo, la salida del mismo mineral de esos territorios. Es ahí donde tiene que haber un mayor control y eso requiere fundamentalmente control territorial.
ENS: ¿Cómo está hoy el panorama en cuanto a la gran minería, que ha respondido el Gobierno al respecto?
CC: Hoy toda la minería, independientemente de su escala, está en una situación de incertidumbre frente a medidas como el Decreto 044, porque usted teniendo un área delimitada con título minero y con licencia ambiental, lo que puede llegar a suceder es que por medio de una resolución, el Ministerio de Medio Ambiente, sin mayor análisis y sin estudio a profundidad, puede declarar una zona de reserva temporal que excluye el desarrollo de actividades mineras y esto conduciría al cierre de muchísimas operaciones en el país, de muchísimas áreas mineras en el país y eso genera que estén en vilo una gran cantidad de inversiones que se tienen que estar desarrollando permanentemente en las áreas mineras.
Seguramente, también esa falta de inversiones disminuye las posibilidades de empleo que genera normalmente la industria. El problema fundamental radica que en campaña política fueron muchos los ofrecimientos que se le hicieron tanto a los mineros informales como a los mineros ilegales, sin entender el contexto del desarrollo minero y ambiental de los territorios y hoy el Gobierno ha sido incapaz de resolver todas esas problemáticas.