EL NUEVO SIGLO: A hoy, ¿cómo está la implementación del Catastro Multipropósito en Colombia?

ANDREA SILVA: La política de Catastro Multipropósito se encuentra a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)y se apoya en los 48 sectores catastrales, dentro de los cuales la Agencia Nacional de Tierras es un gestor catastral especial.

El catastro no es competencia de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) directamente, aun cuando a través de su trabajo le aporta insumos y municipios con información física y jurídica para lograr la actualización del Catastro Multipropósito.

Nosotros como agencia, durante la vigencia 2023, aportamos al Catastro aproximadamente un millón trescientas mil hectáreas con la información correspondiente para que el IGAC, junto con los sectores catastrales, avanzaran en la actualización de los municipios que fueron entregados.

ENS: En el Congreso advierten que el bajo avance del Catastro Multipropósito es el principal cuello de botella para una reforma agraria, ¿qué opina?

AS: Sin duda, un catastro actualizado facilitaría de manera decidida la actuación de la Agencia Nacional de Tierras porque poder tener identificados los predios o lo que se conoce como los polígonos, nos permite a nosotros llegar con mayor nivel de certeza para desplegar la misionalidad de la Agencia en materia de formalización, de adjudicación y de acceso a tierras.

Sin embargo, en el marco de la ejecución de esta política pública hemos trabajado de manera articulada con el IGAC en aquellos municipios donde ellos han iniciado intervención o de los cuales ya han realizado su gestión de actualización catastral, para que la agencia entre a hacer sus procesos de formalización y actualización.

Realmente es un tema complejo en el cual el Gobierno nacional se ha empeñado en sacar adelante, toda vez que nosotros tenemos municipios que no tienen información catastral o que no tienen actualización catastral suficiente y las bases de datos catastrales y registrales están supremamente desactualizadas.

En ese sentido, que esta información se actualice y podamos acceder a ella de manera célere facilitará la gestión que hace la Agencia Nacional de Tierras en procura de cumplir los objetivos en la reforma agraria.

ENS: ¿Cuáles son los retos principales en la implementación del Catastro y qué se necesita para superarlos?

AS: Lo que hemos encontrado desde la Agencia Nacional de Tierras es que hacer un Catastro Multipropósito en la ruralidad, donde las fuentes de información son mínimas, con información absolutamente desactualizada, constituye un reto en la necesidad que tenemos de poder avanzar de manera célere en esta tarea.

Confundir la misionalidad de la ANT con la misionalidad del IGAC también nos ha generado algunas dificultades porque hay un gran ruido alrededor de lo que significa la actualización catastral en materia del impuesto predial, que no es competencia de la Agencia Nacional de Tierras, pero que, por supuesto, hemos tenido que hacer un trabajo fuerte con las comunidades para que comprendan la diferencia de nuestras dos actuaciones.

La Agencia Nacional de Tierras no hace avalúos ni levanta información económica que son las que se requieren para el componente económico del Catastro Multipropósito, sino que nosotros levantamos información física y jurídica que es lo que la norma nos autoriza para poder avanzar en los procesos misionales.

Las condiciones de seguridad en algunos municipios del país resultan complejas, nuestros equipos en campo deben sortear toda una serie de situaciones que pueden presentarse alrededor de este levantamiento de información. Hay un problema recurrente y es que cuando llega la Agencia Nacional de Tierras a desplegar su misionalidad, empiezan a aparecer los falsos tramitadores y personas que buscan sacar algún rédito económico de manera fraudulenta. El trabajo de la ANT y todos nuestros procesos se adelantan de manera gratuita.

Hay varias condiciones que son complejas, el IGAC ha trabajado fuertemente en actualizar la cartografía nacional, nosotros también hemos hecho algunos aportes en esa actualización para tener imágenes cartográficas que cumplan con los criterios de calidad, que son necesarios para avanzar en la gestión catastral.

Si bien hemos logrado una articulación con la Superintendencia de Notariado y Registro y con el IGAC para el acceso a las bases catastrales y registrales, pues también encontramos que esta información tiene un rezago importante. Hasta hace un año escasamente el 20% del país tenía actualización catastral y este sobre todo concentrado en zonas urbanas, la ruralidad no había sido una prioridad para estos procesos de actualización y sin duda el Catastro Multipropósito ha dado un impulso importante para contemplar a la ruralidad, que es el 70% del territorio nacional, como una fuente necesaria de actualización.

ENS: ¿Qué clase de resistencias se han encontrado a nivel de factores de violencia y de economías ilícitas a nivel de las regiones?

AS: Los procesos que adelanta la Agencia Nacional de Tierras son de carácter voluntario. Nosotros ingresamos a los municipios y a los territorios en lógica comunitaria, no entramos acompañados de Fuerza Pública porque no es nuestra forma de operar.

Sin embargo, haciendo todo un ejercicio social desde nuestro componente hablamos con los líderes y lideresas que se encuentran en los territorios para lograr la avanzada de los equipos. No obstante, en varias ocasiones estas comunidades han recibido intimidación por parte de algunos grupos armados al margen de la ley para no participar en las jornadas que convoca la Agencia Nacional de Tierras.

Entonces, si bien no hay una amenaza directa contra los equipos de trabajo y nosotros podemos ingresar a los territorios, lo que sí se ha convertido en un obstáculo es que las comunidades son coaccionadas para no asistir y eso complejiza nuestra labor porque la participación en los procesos de formalización es absolutamente voluntaria por parte de las comunidades.

ENS: Una vez implementado el Catastro Multipropósito, ¿qué metas se tiene en formalización de tierras y recuperación de predios estatales invadidos?

AS: En el Acuerdo de Paz tenemos unas metas ambiciosas que quedaron establecidas para ser cumplidas en el transcurso de 10 años, pero que en los gobiernos anteriores no se les trabajó con la intención de materializar este propósito.

Lo que tenemos establecido es la formalización de 7 millones de hectáreas y la adjudicación de 3 millones de hectáreas a través del Fondo de Tierras. A partir de los procesos de recuperación, han entrado a la Agencia y se encuentran en proceso de identificación, aproximadamente unas 230.000 hectáreas.

ENS: Hay muchos alcaldes que advierten no tener los recursos ni la logística para activar este proceso en sus localidades, ¿qué hacer?

AS: Desde la Agencia Nacional de Tierras hemos tratado de enfocar nuestro trabajo en municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), que la mayoría son de categoría 6 y sabemos que no cuentan con recursos suficientes y necesarios para implementar este tipo de estrategias de política pública y también buscamos municipios con altos índices de informalidad en los que, a la par que aportamos al Catastro Multipropósito, podemos desplegar con mayor nivel de certeza la misionalidad de la Agencia Nacional de Tierras.

En este momento, en el marco del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene priorizados 587 municipios para atención por oferta, que se divide en la formulación de planes de ordenamiento y la implementación de estos planes, que depende por supuesto de los recursos con que cuente la Agencia.

Desde la creación de la ANT hasta el año 2022 se habían formulado aproximadamente 100 planes de ordenamiento, de los cuales se han implementado cerca de 10. En el transcurso del año 2023 a la fecha hemos formulado aproximadamente 100 planes más y en este momento nos encontramos operando en 22 municipios del país con esas características.