UN LLAMADO al gobierno de Gustavo Petro para que garantice las condiciones que permita la elección del Fiscal General “sin interferencias” y a todos los estamentos del Estado para que prioricen la institucionalidad democrática, hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
Este organismo, que tiene como mandato promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región, manifestó en un comunicado que sigue de cerca el proceso de selección para el titular del ente acusador en Colombia y en tal sentido “alentó” a que la Corte Suprema de Justicia de Colombia pueda deliberar y "culminar" el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de la Nación, “a la mayor brevedad posible”, pero sobre todo sin 'interferencias'.
La Comisión toma nota del compromiso presentado por el Estado de que, a través del Poder Ejecutivo, se brindarán todas las garantías y condiciones necesarias para que la Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus funciones, elijan a la persona titular de la Fiscalía General de la Nación bajo los preceptos de imparcialidad e institucionalidad.
Sobre los hechos ocurridos el pasado 8 de febrero, cuando un grupo de manifestantes impidió la salida de los magistrados de la Corte Suprema del Palacio de Justicia, “recibió distintas versiones oficiales sobre la protesta que van desde considerarla como un ejercicio ciudadano mayormente pacífico, hasta calificarla como una forma de asedio y amenaza a la independencia de la justicia”.
Agregó que, según información entregada por el Estado colombiano, ese día se registraron 71 movilizaciones sociales en todo el país y que respecto a los hechos ocurridos en el centro de Bogotá, “El Estado informó que ninguna persona magistrada o funcionaria del Palacio de Justicia fue objeto de agresiones físicas; y que, la Policía Nacional brindó seguridad y facilitó la salida del personal de las instalaciones, sin que se presentaran anomalías”.
Sin embargo, indicó que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibió reportes sobre agresiones en contra de periodistas.
En el comunicado recuerda que “la falta de designación de una persona titular podría debilitar el sistema de justicia colombiano”, así como que “la Fiscalía General de la Nación, al tener el monopolio de la acción penal, juega un papel fundamental en la lucha contra la impunidad, el acceso a la justicia y en la preservación de la democracia y del Estado de derecho en Colombia”.
De allí, sostiene, que “la ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar a su independencia y autonomía”.
En otro acápite enfatiza que el proceso de selección debe cumplirse acorde a los estándares internacionales de derechos humanos, pero sobre todo “debe realizarse libre de todo tipo de interferencia, asedio o presiones indebidas”.
Asimismo, insta al Poder Ejecutivo a garantizar las condiciones para que dicho proceso culmine sin interferencias. Finalmente, hace un llamado a todos los estamentos del Estado a priorizar la institucionalidad democrática colombiana en el ejercicio de sus funciones.