LA generalizada vulnerabilidad financiera está impulsando la competencia criminal en Perú, provocando un aumento vertiginoso de los casos de préstamos gota a gota y extorsión.

Los casos de extorsión en Perú se dispararon 370 % entre 2021 y 2023, pasando de 4.761 a 22.396, mientras que las denuncias de delitos en general aumentaron 20 % en el mismo periodo, según la Fiscalía General. Todos menos dos de los 34 distritos fiscales de Perú registraron un aumento de al menos 150 % en las extorsiones reportadas durante ese tiempo. Esta tendencia se mantiene en lo corrido de este año.

Los préstamos gota a gota, en los que los prestamistas exigen a los deudores el pago de intereses exorbitantes, son la causa de este aumento. En 2023, el número de denuncias por este tipo de préstamos en la plataforma de denuncias del Ministerio del Interior fue seis veces superior al de todas las demás formas de extorsión juntas.

Las denuncias de gota a gota empezaron a aparecer en Perú a principios de la década de 2010. La práctica llegó a principios de la década desde Colombia y se vio por primera vez en Chiclayo, Piura y Trujillo, en el norte del país, antes de extenderse a Lima y luego al sur, de acuerdo con la policía. A finales de 2017, la práctica había llegado a 97 ciudades.

La capital, Lima, concentró la mitad de los casos de gota a gota registrados en todo el país entre mayo y diciembre de 2023. La operación más reciente ocurrió el 16 de marzo, cuando la policía de Lima desmanteló un grupo de gota a gota colombo-venezolano con 20 miembros. También les incautaron armas y explosivos.

Desesperación financiera

Alrededor de 500.000 personas deben préstamos gota a gota en Perú, según la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac). La razón más común por la que las personas solicitan estos préstamos es para pagar otras deudas, según el Ministerio del Interior de Perú.

Los 1,2 millones de inmigrantes venezolanos que viven en Perú son especialmente vulnerables a los prestamistas. Muchos carecen de estatus de residencia en el país y la mayoría trabaja en el mercado laboral informal, lo que significa que su acceso a las instituciones financieras formales es muy restringido.

Para septiembre de 2022, casi la mitad de los venezolanos residentes en Perú no estaban bancarizados, según un estudio del Grupo del Banco Mundial, y solo el 5 % ha podido recibir créditos de instituciones financieras formales. En Lima, solo el 3 % ha accedido al crédito de un banco, según un reporte de Usaid de noviembre de 2023.

Los peruanos también necesitan préstamos. El país fue fuertemente golpeado por la pandemia del covid-19 y ha luchado por recuperarse. El Videnza Instituto, una organización no gubernamental especializada en política, prevé que en 2023 la pobreza alcanzó su nivel más alto desde 2010.

Dicho informe indica que la economía peruana registró una disminución del 0.55 %, marcando el retroceso más significativo desde hace 25 años y se observaron aumentos en los precios de algunos productos, mientras los ingresos reales quedaron por debajo de los niveles prepandemia. En medio de este contexto, el Instituto estimó que la pobreza monetaria habría afectado el año anterior al 30.5 % de la población, en comparación con 27.5% en el 2022.

Un tope a los tipos de interés de los préstamos a empresas y consumidores concedidos por las instituciones financieras, aprobado por el Congreso en mayo de 2021 ha agravado la situación. El tope significa que es menos probable que los bancos concedan préstamos, lo que lleva a las personas desesperadas a ponerse en manos de extorsionistas.

La competencia extranjera

Tradicionalmente, los criminales colombianos han controlado los préstamos gota a gota en gran parte de Perú, pero tanto ellos como los grupos peruanos se han enfrentado a las bandas venezolanas que han llegado al país desde hace unos años.

Algunas bandas venezolanas pueden buscar alianzas con los grupos existentes con la intención de eventualmente tomar el control, dijo a InSight Crime Abraham Valle, de la Consultora Nacional de Criminología.

“El tema de migrar de Venezuela ha generado que ellos se adapten”, dijo. “[Piensan] ‘no voy a entrar a competir con alguien que ya tiene el mercado o voy a chocar con esta banda. Puedo llegar a un acuerdo con esta banda y cuando yo tenga suficientes miembros tomo el poder de ese mercado’”.

El Tren de Aragua, una megabanda transnacional venezolana, ha llegado a ese punto al menos en una parte del país, según Jorge Chávez, coordinador nacional de la División de Crimen Organizado de la Fiscalía.

En Arequipa, una región del sur de Perú, el grupo ha tomado el control del gota a gota. “Se los ha quitado el Tren de Aragua a punta de bala”, dijo el fiscal Chávez.

Dado que el Tren de Aragua ha crecido en Perú explotando a los miembros de la diáspora venezolana, la presencia de más de un millón de venezolanos sin acceso a créditos juega a favor del grupo.

“Vienen mafias y se aprovechan justamente de estos venezolanos que vienen a buscar un nuevo horizonte”, afirmó el fiscal.

Paralelamente se han consolidado bandas que extorsionan no solo a empresas, sino también a trabajadores informales, especialmente en Perú.

Para citar un ejemplo, en noviembre pasado la Policía de Lima detuvo a cuatro presuntos miembros de los Gallegos. El anuncio se produjo casi una semana después de que la banda –que presuntamente está vinculada al Tren de Aragua– difundiera un video en el que amenazaba con matar a mototaxistas peruanos. Hombres enmascarados agitaban fusiles mientras prometían vengarse de los recientes ataques contra migrantes venezolanos.

“Si no hay paz para venezolanos trabajadores, no habrá paz para los peruanos que apoyen la xenofobia —dijo una figura encapuchada a la cámara—. Comenzaremos a matar a todos los motorizados peruanos que estén en los paraderos de La Victoria, Gamarra, 28 y cualquier otro distrito que se preste”.

El video amenazante fue publicado un día después de que comerciantes y mototaxistas locales participaran en violentas manifestaciones contra la extorsión en los distritos arriba mencionados.

Además de la extorsión, los Gallegos en Perú han sido vinculados a la trata de personas relacionada con la diáspora venezolana, los préstamos gota a gota y el microtráfico, según miembros de la Policía Nacional del Perú y de la Fiscalía de la Nación.