En mayo, la reforma electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador (Amlo) para elegir por voto popular a magistrados de las altas cortes y el Consejo Nacional Electoral fue bloqueada por la Corte Suprema de Justicia de México que determinó que hubo vicios de trámite durante su discusión en el Congreso. 

Conocida la decisión, Amlo inmediatamente reaccionó, diciendo: “Oye, estás interfiriendo, te estás metiendo a legislar, estás actuando como si fueses legislador, es violatorio, violan la constitución ellos”. 

En América Latina, donde las democracias hoy se erosionan desde adentro más que por medio de poderes de facto que perpetran golpes de Estado, los presidentes suelen señalar al poder judicial como uno de los principales responsables de frenar las esperadas reformas estructurales. 

Desde México, El Salvador o Chile, este fenómeno se repite y muestra que la mayor amenaza no son los militares golpistas, tan dados a romper el orden constitucional en décadas pasadas. Los mismos presidentes, una vez en el poder, hoy son los responsables de convertirse en la mayor amenaza a los sistemas democráticos de sus países. 

Rebecca Chávez, presidente del Diálogo Interamericano y Taraciuk Broner, directora del Programa Peter D. Bell sobre el Estado de Derecho, han publicado un informe en la revista Americas Quaterly en el que detalladamente dan cuenta de este fenómeno. “Hay líderes elegidos democráticamente que, una vez en el poder, socavan deliberada y gradualmente las garantías básicas como la autonomía judicial, la integridad electoral, el trabajo independiente de la prensa y la libertad de expresión”, escriben. 

En su artículo, los analistas dicen que este tipo de líderes, en los que se inscriben presidentes como Amlo, el salvadoreño Nayib Bukele o Luis Arce, de Bolivia, 

menoscaban la independencia judicial para “perpetuarse en el poder, para evitar la rendición de cuentas o para imponer su agenda”. “Sus posibilidades de éxito son mayores sin un poder judicial independiente que actúe como control del poder ejecutivo”, exponen. 

Esa tensión permanente entre líderes iliberales y cortes independientes muestra que, en la región, a pesar del enorme escepticismo sobre la capacidad de nuestras instituciones, existe un poder judicial fuerte y capaz de contraponerse, en general, a los intentos por minar la división de poderes y los sistemas democráticos. 

Tradición judicial

En América Latina se cree poco en las capacidades institucionales. La corrupción o la inefectividad institucional no permiten ver que detrás de un enorme aparato (el judicial) existen unas tradiciones civilistas y jurisprudenciales que permiten que las cortes tengan unas dinámicas independientes que no van, en muchos casos, de la mano con la agenda del poder Ejecutivo y del Congreso. 

Sobre este tema existe una abundante línea de investigación centrada en la corriente “institucionalista” de la Ciencia Política, que busca explicar este fenómeno desde diferentes perspectivas institucionales. 

En general, y siguiendo esta línea, la importancia del poder judicial y de las cortes se relaciona con dos elementos centrales. 1) La revitalización de la Constitución como la norma jurídica que limita y estructura el ejercicio del poder político, según los académicos Negretto, Zovatto y Orozco; y 2) La revalorización del Estado de Derecho como condición fundamental para la democracia y el desarrollo económico, como lo ha dicho O'Donnell, Mainwaring y Scully.

Inevitable parece hablar del quiebre constitucional y la deriva autoritaria en Venezuela o Nicaragua, y lo poco que en estos casos han podido hacer las cortes. Sin embargo, en otras partes de la región se encuentra que la revalorización del Estado de Derecho, en conjunto con un respeto por la Constitución, han sido esenciales para que el poder judicial actúe y pueda ejercer el contrapeso en el momento que se necesite contra las intenciones de presidentes iliberales. 

No parece suficiente, en todo caso, que estas dos condiciones sean las únicas para asegurar que el sistema de contrapesos funcione. En su artículo en Americas Quaterly, Chávez y Broner dicen que también se necesita “que los procesos de nombramiento y destitución sean transparentes y basados en los méritos, y que se proteja la titularidad del cargo”. 

Agregan los autores que las cortes deben tener “independencia financiera y administrativa. Y cuando los jueces son atacados por proteger la democracia, se benefician de la atención y el apoyo internacionales”. 

Casos 

Hay, en medio de nuestro habitual escepticismo latinoamericano, una serie de casos que sirven de ejemplo para demostrar que las cortes cada vez juegan un papel más determinante cuando algún presidente ha intentado romper el orden constitucional. 

Este artículo comenzó con uno de ellos, el caso de México, donde la Corte Suprema declaró inconstitucional los decretos de Amlo con los que buscaba, entre varios frentes, recortar en más del 80 por ciento el personal del Instituto Nacional Electoral  (INE), limitando exponencialmente su capacidad de supervisar las elecciones regionales y presidenciales que tendrán lugar el próximo año. 

Como se ha dicho, la decisión de la Suprema -como la llaman en México- derivó en una oleada de críticas por parte de López Obrador. En contrapartida, los ciudadanos salieron masivamente a las calles a respaldar la decisión de la corte. Más de un millón de personas marcharon a favor del INE en mayo, quizá una de las marchas más grandes de la historia de este país. 

México no es el único caso, no obstante. Recientemente, la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral garantizaron que Bernardo Arévalo, hoy presidente electo de Guatemala, pudiera participar en la segunda vuelta con el aval del movimiento Semilla, que venía siendo investigado desde 2015 por un fiscal implicado en hechos de corrupción y en la mira judicial de Washington.. 

Las cortes, sin embargo, no han podido frenar la acumulación de poder del presidente Nayib Bukele, quien destituyó a casi todos los magistrados de la Corte Suprema y al Fiscal General, y en su reemplazo nombró a varios aliados para poder modificar la Constitución con miras a reelegirse. El mandatario de El Salvador goza de una alta popularidad, a un costo enorme para la democracia de esa nación centroamericana. 

Las cortes, de un tiempo para acá, se han convertido en América Latina en la base esencial de las democracias regionales, bloqueando, muchas veces, los intentos que buscan romper el orden constitucional. Son, para los escépticos, un ejemplo de que se puede ser “posibilista”, como decía Albert Hirschman, y tener tribunales fuertes que protegen las tradicionales liberales.