ATRINCHERARSE en su mayor bastión electoral, impulsar el estallido social y promover el bloqueo a medio país en lugar de dar la cara a la justicia es la estrategia de defensa del expresidente boliviano, Evo Morales, a las acusaciones de abuso sexual a menor de edad, trata y tráfico de personas.

Más allá de los calificativos con que ha rechazado la investigación en su contra y el duro enfrentamiento político con su otrora aliado -hoy presidente Luis Arce- por la candidatura del 2025, el exmandatario indígena ha preferido las vías de hecho a cumplir con las citaciones judiciales por lo que, legalmente, puede ser detenido.

“Una mentira más”, un “proceso ilegal” y una “persecución judicial” han sido los reiterativos argumentos con los que Morales ha plantado cara tanto al poder judicial como al gobierno Arce, al que acusa de reactivar el mencionado proceso de ‘violación’ a una joven de 15 años para impedirle buscar la candidatura del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) del que fue fundador.

Desde mediados de septiembre, la fiscalía del departamento de Tarija lo citó en dos ocasiones para que rinda su testimonio dentro de un nuevo proceso por "estupro, trata y tráfico de personas", hecho que se remonta a la época en que el líder indígena fungió como presidente, en 2015.

La orden de aprehensión expedida el pasado 26 de septiembre por fiscal del caso, Sandra Gutiérrez, detalla que Morales se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija en 2016.

Según la misma, los padres de la menor (también investigados) la inscribieron en la "guardia juvenil" de Morales "con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (...) a cambio de su hija menor", lo que configuraría el delito de trata de personas.

La mencionada orden de arresto quedó sin piso al ser removida sorpresivamente del cargo la fiscal Gutiérrez, pero una vez restituida y ante la negativa de Morales de comparecer en dos ocasiones a la justicia se expedirá otra. Caso contrario del progenitor de la presunta víctima quien fue arrestado el viernes por no a presentarse a ese mismo despacho, tal cual confirmó la Policía Nacional.  Por ello se le dictó prisión preventiva de cuatro meses. La madre sigue en libertad.

El ministro de Justicia, César Siles, recordó que eso es lo que manda la ley, ya que "cualquier orden de citación señala en su texto que, en caso de incomparecencia, se expedirá el mandamiento de aprehensión".

Destacó el funcionario que "hemos observado con indignación delitos graves que pretenden quedar en impunidad: me refiero concretamente a una niña, a una niña violada a sus 15, a sus 16 años".

Según Siles, "producto de esa violación (la madre) engendró a otra niña y el padre reconocido en un certificado de nacimiento, (es) el señor Evo Morales Ayma".

"Existe un proceso abierto" que "está en curso de investigación", enfatizó el ministro.

Como era de esperarse, el exmandatario indígena calificó la denuncia como “otra mentira más”, agregó que en 2020 ya había sido investigado por los mismos hechos, “demostrándose que no hubo nada” y que el actual proceso es “ilegal” por lo que no comparecería.

Sin embargo, la fiscal Gutiérrez, quien fungió como ministra de Justicia de uno de los gobiernos de Morales (2006 a 2019) reabrió el proceso contra su antiguo jefe para investigar no solo el “estupro" -que implica acceso carnal con menores de 14 a 18 años-, sino una posible trata y tráfico de personas. De allí que el ojo judicial se amplíe a la actuación de los progenitores de la víctima.

El líder cocalero de 64 años, desde que se reactivó la investigación, se atrincheró en la región  cocalera del Chapare, su mayor fortín electoral en el departamento de Cochabamba, desde donde ha insistido que éste y otros procedimientos indagatorios abiertos recientemente en su contra son un "lawfare" (persecución judicial) orquestada por el gobierno de Luis Arce, su exministro de finanzas, ahora rival para conseguir el liderazgo del MAS y la candidatura para la presidencial del próximo agosto.

Y, como acostumbran otros líderes de izquierda en la región, se ha mantenido activo en X para ir más allá, asegurando que el gobierno quiere incluso “acabar” con su vida.

"El objetivo es descabezar al movimiento popular boliviano. Todo es producto de la desesperación del gobierno que no tiene ninguna respuesta a la crisis (económica) y tampoco tiene ninguna posibilidad electoral", agregó en la mencionada red social.

"El gobierno traidor ha desatado una guerra judicial, la criminalización de la protesta social y la persecución a la oposición política para pretender proscribirnos", añadió.

Días antes presidió el inicio de la llamada "Marcha para salvar Bolivia", una extensa caminata de 190 kilómetros de sus seguidores hacia La Paz que degeneró enfrentamientos violentos entre éstos y los seguidores de Arce, quien en su momento lo acusó de tramar un plan para dar un "golpe de Estado".

Esta investigación penal aviva aún más el enfrentamiento político de los dos líderes del MAS, tal cual lo destacan analistas como Williams Bascopé, quien sostiene que “el escándalo (...) tiene ribetes de pugnas internas, porque si no estarían peleados evistas y arcistas nunca se habría conocido".

Para la socióloga de la universidad estatal San Simón, esta denuncia entra "en el juego de la disputa política y puede que también genere una indignación generalizada en la gente (...) ante la posibilidad" de que Morales sea culpable.

En los últimos meses la política boliviana ha gravitado en torno a la intención de Morales de postular a la presidencia, a pesar de que el Tribunal Constitucional le cerró la puerta a una tercera reelección. Desde entonces, ha liderado protestas para poner contra las cuerdas al gobierno Arce, cuya popularidad está golpeada por la crisis económica, derivada de la escasez de combustibles y dólares.

De prosperar la denuncia penal, "se afectaría muchísimo su imagen y además sus posibilidades de volver a ser un actor político" cuando se mostraba muy dispuesto a no renunciar a su candidatura a ningún costo, advierte Zegada.

La denuncia "verdaderamente desequilibra el escenario político contra la posibilidad de que Morales sea candidato, no solamente por la posible veracidad de los hechos, sino porque también ya se ha instalado en términos sociales una sanción respecto" al exmandatario, comenta la analista.

Arce todavía no ha dicho si buscará la reelección, pero un ala del MAS apoya su continuidad, mientras Morales ejerce presión en las calles a la espera de que una nuevo tribunal constitucional - que será elegido en diciembre por voto popular - revierta el fallo que lo inhabilita como candidato.

Escondido y resguardado

Ante el revuelo que provocó la declaración de la fiscal Gutiérrez, exactamente hoy hace ocho días, los seguidores de Morales dijeron que su líder está resguardado en algún lugar de la región de Chapare, en el centro de Bolivia, ante el riesgo de ser capturado.

"Hermanos y hermanas del Trópico (Chapare) se han movilizado clandestinamente, se han constituido en los vigilantes, en los guardaespaldas, en los protectores de la vida de Evo Morales", afirmó su exministro y abogado Carlos Romero, mientras que el líder indígena, sin dar pistas sobre su paradero, escribió en X: “seguiré luchando junto a nuestro pueblo, junto a mis hermanas y hermanos que nunca me abandonaron".

Y desde la clandestinidad ha promovido la movilización de indígenas y campesinos que hoy completa cuatro días, con amenaza de radicalizarse.

Organizaciones de La Paz, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz se suman desde hoy a las protestas que comenzaron el lunes e interrumpirán el tráfico en esos departamentos, advirtió Humberto Claros, secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos.

Las protestas mantienen aislado al departamento de Cochabamba, en el centro de Bolivia, donde Morales tiene su base política y permanece resguardado.

"Esto es a nivel nacional. De manera escalonada, los departamentos están asumiendo (la medida)", dijo Claros a la AFP.

Ayer los manifestantes mantenían ocho puntos de bloqueo, tres más que el martes, en las rutas que conectan Cochabamba con las ciudades de La Paz(oeste), Sucre (sur) y Santa Cruz (este).

En los primeros dos días de movilización, convocada por el Pacto de Unidad, una junta de organizaciones afines a Morales, se registraron enfrentamientos entre los campesinos y la policía en Parotani, entre Cochabamba y La Paz.

Los cortes de rutas se convocaron inicialmente con la finalidad de "resguardar la libertad, integridad y (evitar) el secuestro" del líder sindical de 64 años, según el Pacto de Unidad.

Sin embargo, ahora protestan contra el gobierno Arce. Sus reclamos se centran en la crisis económica, causada por la escasez de combustibles y dólares, así como el repunte de la inflación.

Pero en el trasfondo estas protestas buscan mostrar la fuerza política de Evo Morales, quien se ve de repente enfrentado a su pasado, el que como dice el refrán no perdona.