La Defensoría del Pueblo alerta sobre la existencia de al menos once focos de emergencia humanitaria en el país, que impactan de manera desproporcionada a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, así como a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

“La situación humanitaria que estamos presenciando es alarmante. El conflicto armado sigue afectando gravemente a la población civil, con desplazamientos, confinamientos, homicidios y la constante amenaza de los grupos ilegales”, afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

Según el monitoreo de la Defensoría del Pueblo, diez grupos armados ilegales están detrás de esta crisis, incluyendo el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, las disidencias comandadas por alias “Mordisco” y alias “Calarcá Córdoba” y organizaciones criminales como los Shottas y los Espartanos.

Chocó: Un caso crítico de violencia y desplazamiento

Uno de los escenarios más críticos se vive en la subregión del San Juan, Chocó, donde desde el 4 de febrero se registran enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. “Por primera vez, tenemos reportes de la presencia de las disidencias al mando de alias ‘Mordisco’, quienes estarían actuando en alianza con el Clan del Golfo para enfrentar al ELN”, explicó la Defensora Iris Marin Ortiz.

En este contexto, el ELN ha anunciado un paro armado de 72 horas a partir del martes 18 de febrero, lo que agrava el confinamiento de comunidades debido a la prohibición de navegación en la zona. Además, la presencia de minas antipersona cerca de caseríos y escuelas pone en grave riesgo a la población. Hasta ahora, al menos 1.600 personas han sido afectadas por desplazamientos y confinamientos en la región, con especial preocupación por la situación del pueblo Wounan, que enfrenta severas restricciones de movilidad y acceso a recursos básicos.

Expansión de los grupos armados

Además de Chocó, la Defensoría del Pueblo ha documentado emergencias en Nariño, Cauca, el Pacífico Vallecaucano, Antioquia, la Sierra Nevada, Perijá, Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, Sur de Córdoba, Buenaventura, Tolima y Putumayo, este último con alto riesgo en las elecciones atípicas del 23 de febrero.

“El 73% de los municipios del país están bajo la influencia de grupos armados ilegales. En los últimos cinco años, han logrado expandirse y fortalecer su accionar. Es preocupante, pero no es irremediable”, enfatizó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

“El 73% de los municipios del país están bajo la influencia de grupos armados ilegales. En los últimos cinco años, han logrado expandirse y fortalecer su accionar. Es preocupante, pero no es irremediable”, enfatizó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz. Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente:

• Urgimos a las autoridades nacionales y locales a implementar acciones inmediatas que prioricen la protección de las comunidades afectadas, tomando en cuenta el diagnóstico de las alertas tempranas y sus recomendaciones, así como toda la información con la que cuentan las diferentes instituciones del Estado.

• Solicitamos a la comunidad internacional mantener y fortalecer su apoyo a las iniciativas humanitarias y exigir el respeto a los derechos de las personas y comunidades en riesgo.

• Exigimos a los grupos armados ilegales a respetar los derechos de la población y el derecho internacional humanitario. Especial y enfáticamente le exigimos no continuar instrumentalizando a las organizaciones y a las juntas de acción comunal para favorecer sus intereses y expandir su acción territorial. Las poblaciones tienen derecho a su autonomía frente al poder arbitrario e ilegítimo de las armas. La legitimidad no la lograrán violentando a la gente, al contrario, esta pone en evidencia su ilegitimidad.

• Instamos al Gobierno nacional a que continúe exigiendo en las mesas de conversación vigentes el respeto del derecho humanitario, especialmente, no involucrar a la población civil en el conflicto armado y la liberación inmediata de niños, niñas y adolescentes reclutados y la suspensión de esta práctica.

“La violencia no puede seguir marcando el destino de nuestras comunidades. Las instituciones del Estado tienen la capacidad para hacerle frente a esta crisis y garantizar la presencia integral del Estado de Derecho en los territorios”, concluyó Iris Marín Ortiz.