Fabio Arias, representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), reveló las próximas fechas de movilizaciones en respaldo de la reforma pensional. De acuerdo con el líder gremial, estas reformas sociales "requieren la calle", subrayando el compromiso de su organización para llevar a cabo acciones pacíficas y democráticas.
Arias enfatizó que es fundamental que la Corte Constitucional declare exequible esta reforma, argumentando que su contenido es de alta relevancia social y justicia en un país caracterizado por profundas desigualdades.
Las movilizaciones están programadas para el 8 y 31 de marzo, el 9 de abril y el 1 de mayo. Estas fechas son estratégicas, ya que coinciden con momentos significativos del calendario laboral y social en Colombia, lo que podría maximizar la participación ciudadana. Arias también destacó que estas acciones buscan "evitar un nuevo estallido social", recordando que las reformas propuestas son respuestas a las demandas surgidas durante las protestas anteriores.
"Colombia es de los países más desiguales del planeta y no puede ser que la corte constitucional ahogue o aborte un derecho ya consagrado por el congreso de la república y por el contrario lo pueda pasar de esta manera como exequible", declaró Arias.
Por su parte, Antonio Sanguino, Ministro de Trabajo, expresó su preocupación sobre el control constitucional que ejercerá la Corte sobre la nueva ley de pensiones.
Sanguino hizo hincapié en la necesidad de movilizar a los trabajadores para garantizar que sus derechos sean defendidos, especialmente aquellos que provienen de la informalidad y no han tenido acceso a un sistema de pensiones adecuado. La nueva ley incluye un "pilar solidario" que busca proteger a los más vulnerables.
La reforma pensional, que entrará en vigor el 1 de julio de 2025, introduce cambios significativos en el sistema actual. Se espera que esta modificación beneficie a una gran parte de la población colombiana al ofrecer un esquema más inclusivo y equitativo. Sin embargo, también ha generado críticas y temores entre ciertos sectores que consideran que podría afectar negativamente los derechos adquiridos por los trabajadores.