Su traslado de un hospital a una fundación desató una polémica en la que el Gobierno tuvo que entrar a dar explicaciones. La situación de esta persona ha impactado también la campaña presidencial e incluso habría generado divisiones al interior del partido de la exguerrilla 

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Las implicaciones por la situación jurídica del desmovilizado capturado de las Farc, Jesús Santrich, pedido en extradición por EU, crecen como una bola de nieve cada vez más, como se vio en las últimas horas con la polémica que se dio, porque supuestamente el fiscal general Néstor Humberto Martínez se opuso a su traslado de un hospital en donde lo atendían por sus quebrantos de salud a una fundación regentada por la jerarquía católica en Bogotá.

Incluso el Gobierno tuvo que salir a aclarar. De igual forma distintos sectores políticos reaccionaron frente a este episodio.

El ministro de Justicia, Enrique Gil, indicó ayer que el Inpec informó a la Fiscalía de este traslado que se produjo en la noche del jueves y ésta contestó a través de un escrito en el que “no especificó un lugar en el que debía permanecer. Únicamente indicó que debía tener estrictas medidas de custodia como efectivamente tiene”.

El Ministro señaló que “caso de Santrich no es el primero en el que un miembro de Farc sale de una cárcel para estar en otras condiciones de reclusión. En 2007, Gobierno de entonces ordenó traslado de Rodrigo Granda de cárcel Doña Juana en La Dorada Caldas a la Conferencia Episcopal".

Por su parte el viceministro de Justicia, Carlos Medina Ramírez, explicó que “lo que estamos tratando de hacer es darle un manejo y, sobre todo, garantizar las mejores condiciones posibles para una persona que decidió entrar a una huelga de hambre y el Estado está tratando de responder hasta donde pueda”. Agregó que “hay un elemento importante a tener en cuenta: por nuestra Constitución y la Ley, si Santrich decide dejarse morir, el Estado no puede intervenir en eso”.

El Viceministro dijo también que Santrich “está custodiado por el Inpec, la Policía Nacional e inclusive por el Ejército. El Gobierno tomó en consideración todos los elementos necesarios para llevarlo donde está”.

Otra de las versiones que circularon es que el traslado de Santrich a esta fundación fue autorizado bajo la condición de que levante la huelga de hambre que adelanta desde hace 37 días como forma de  protesta por su captura, después de que la DEA de EU entregara información y pruebas a la Fiscalía de que supuestamente acordó con otras personas enviar diez kilos de cocaína a ese país.

No obstante, el viceministro Medina dijo que para el traslado no medió ninguna condición. “Estamos dando las condiciones para que cambie de opinión” sobre mantener la huelga de hambre “y para nosotros mejor”.

En tanto que ayer se produjeron en distintos sectores políticos reacciones encontradas por el traslado de Santrich, quien luego de su captura el pasado 9 de abril permaneció unos días en el búnker de la Fiscalía. Luego fue llevado a la cárcel La Picota, de donde pasó al hospital El Tunal por su delicado estado de salud y, ahora, fue trasladado a la Fundación Caminos de libertad.

El representante por Bogotá, Samuel Hoyos, del partido Centro Democrático, dijo que “me parece una vergüenza la actitud de la Iglesia Católica frente al mafioso de Santrich. Terminaron de defensores de los traquetos a la par de Iván Cepeda. Por eso es importante la extradición, porque allá los criminales sí son criminales y a Santrich hay que extraditarlo para que pague una pena en una cárcel”.

En tanto el senador Juan Manuel Galán, del Partido Liberal, destacó que este gesto además de buscar salvar la vida de Santrich, “también tiene unos motivos de fondo que es conocer la verdad que él conoce y que están esperando las víctimas hace mucho tiempo, y su testimonio ante la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad es importante que se dé para que muchas de sus víctimas puedan saber qué pasó con sus seres queridos”.

Mientras que la representante liberal Clara Rojas aseveró que “el papel del Episcopado no puede ser cómplice. Se requiere justicia y reparación a víctimas”, calificando la del clero como una “actitud complaciente” y de “manguala para evadir la justicia y responder a víctimas”.

Por los lados del partido Farc, Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa, trinó: "Hermano, no sabes cómo te extrañamos, particularmente Paquita y yo. Estamos contigo... Cuenta conmigo; voy hasta el final. Te pido tengas en cuenta la solicitud del expresidente Mujica y de personalidades como Álvaro Leyva e Iván Cepeda".

Mientras que Iván Márquez dijo también en Twitter que “el traslado de Santrich a una casa de la Conferencia Episcopal reaviva la agónica llama de la esperanza de paz. Es un primer paso. El sentido común reclama la libertad del vocero de paz. Agradecemos la solidaridad palpitante de muchos corazones en Colombia y el exterior”.

Efectos de este caso

El primer impactado por la captura de Santrich fue el propio Acuerdo de Paz pues el partido Farc tras indicar que es un montaje, consideró que la intervención de la Fiscalía constituye una flagrante violación de lo pactado en La Habana, en el sentido de que los excombatientes serán cobijados por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y no por la justicia ordinaria.

Incluso el partido Farc consideró que el cumplimiento del acuerdo entró en crisis por esta situación y amenaza con un rotundo fracaso.

“Con la captura de nuestro camarada el proceso de paz se encuentra en su punto más crítico y amenaza ser un verdadero fracaso. A los manifiestos incumplimientos por parte del Estado, se le agrega una nueva situación que ya habíamos considerado desde que en el Congreso (…) se iniciara el desmonte de la Jurisdicción Especial para la Paz”, dijo la colectividad.

Sin embargo, el fiscal Martínez recordó que los desmovilizados que reincidan en delinquir después de la firma del acuerdo (el 1° de diciembre de 2016), como asegura sucedió con Santrich, serán investigados y de ser el caso condenados por la justicia ordinaria. También serán sujetos de la extradición.

Por su parte el presidente Santos dijo que “el acuerdo es claro y lo cumpliré de manera estricta: no extraditaré a nadie por delitos cometidos antes de la firma del acuerdo y con ocasión del conflicto”. Advirtió que si es el caso “no me temblará la mano para extraditar a Santrich”.

La situación de Santrich también impactó la campaña presidencial, en donde en un primer momento la mayoría de candidatos coincidió en que debía ser extraditado si incumplió el acuerdo.

No obstante, la polémica subió como la espuma por la propuesta de Humberto de La Calle de que si fuera el caso, se suspenda la extradición de Santrich hasta que sea juzgado en Colombia.

Los demás candidatos presidenciales rechazaron esta iniciativa y tanto Germán Vargas, Iván Duque, Sergio Fajardo como Gustavo Petro aseveraron que firmarían la extradición de Santrich de confirmarse que delinquió luego de la firma del acuerdo. 

¿‘Rebeldía’ de Farc?

Se dice que en el partido Farc, el caso Santrich habría ocasionado controversia, porque mientras que su presidente Rodrigo Londoño (Timochenko), luego de calificarlo como un montaje, llamó a los excombatientes a persistir en el proceso, Iván Márquez abandonó Bogotá para irse a la zona de capacitación de Miravalle (Caquetá), asegurando que no regresará hasta que existan las garantías jurídicas. Incluso amenazó con no ocupar una de las diez curules que le tocan a la colectividad en el próximo Congreso, producto del acuerdo.

Igualmente, el Paisa abandonó la zona de capacitación de Miravalle hasta que liberen a Santrich, según se dijo, y no se sabe a ciencia cierta en dónde se encuentra en este momento.

Londoño señaló hace unos días en una comunicación a los excombatientes que “en el momento en que firmamos el acuerdo aceptamos la constitución y las leyes y es nuestro deber actuar ajustados a ellas. Quien no lo haga debe atenerse a las consecuencias y ahí difícilmente puede pedírsele solidaridad al partido”.