Un reclamo y luego la renuncia de ocho miembros de la Junta Directiva de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), dejó solos al frente de la compañía al presidente, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y al gerente de la empresa, Álvaro Guillermo Rendón.
Los directivos habían protestado por las decisiones de Quintero y de Rondón, de no consultar la instauración de una demanda por $9,9 billones por retrasos en el proyecto de Hidroituango, y del cambio al objeto social de la compañía.
En una reunión extraordinaria, pedida por los mismos miembros de la Junta Directiva y que se hizo desde las 7 de la mañana de este martes, la compañía informó que la sesión se hizo hasta las 9 de la mañana y en la misma no se trataron asuntos de carácter decisorio.
Luego de esta situación, los integrantes de la Junta manifestaron que después de analizar a fondo los distintos temas tratados en la reunión extraordinaria de Junta Directiva, presidida por el alcalde Daniel Quintero, tomaron la decisión de renunciar pues no hubo discusión ni se les tomó en cuenta para la propuesta de ampliación del objeto social de la Empresa,
También dijeron que no se les consultó para el análisis de adelantar acciones legales contra contratistas y compañías de seguro del proyecto Hidroituango y que además no conocen que se hayan estructurado la matriz de riesgos para estas decisiones y sus correspondientes planes de mitigación.
“Señor alcalde, como lo hemos recomendado reiteradamente, hacemos énfasis en que Empresas Públicas de Medellín debe enfocarse en los grandes retos que hoy enfrenta, como la terminación de Hidroituango, Caribe Mar y la atención de los efectos del covid-19, en particular, frente a las débiles finanzas de los usuarios”, afirmaron los ocho integrantes.
Los integrantes de la Junta que renunciaron fueron Luis Fernando Álvarez Jaramillo, Jesús Aristizábal Guevara, Andrés Bernal Correa, Oswaldo León Gómez Castaño, Javier Genaro Gutiérrez Pemberty, Gabriel Ricardo Maya Maya, Manuel Santiago Mejía Correa y Elena Rico Villegas.
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Las decisiones
Asimismo, el lunes anterior, la compañía anunciaba en un comunicado que “con el mandato del alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, Daniel Quintero Calle y tras la elaboración de análisis integrales de expertos de la Empresa, equipo jurídico, estudio de causa-raíz de la firma especializada internacional Skava Consulting y la revisión minuciosa de toda la documentación en materia jurídica, se identificó que el consorcio diseñador Generación Ituango -compuesto por Integral y Solingral S.A.-, el consorcio constructor CCCI -integrado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa-Ramón H- y el consorcio interventor Ingetec-Sedic conocieron durante el desarrollo constructivo del proyecto que habían problemas para cumplir correctamente con el 'Hito de entrada en operación comercial de las unidades de generación'”.
Divergencias
Sostiene en su reporte la EPM que “debido a las divergencias económicas con los mencionados consorcios, por los hechos desatados a partir del 28 de abril de 2018, cuando inició la contingencia, y en que la Empresa ha asumido todos los costos causados y estimados, EPM tiene la obligación de poner en conocimiento de las autoridades el detrimento sufrido en la obra estimado en $9,9 billones, correspondientes al daño emergente -maquinaria, préstamos, intereses, atención a las 4.000 personas afectadas y pagos a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)- y el lucro cesante -venta de energía, entre otros-”.
Sin embargo, la EPM indica que “antes de acudir al juez y elevar la demanda por $9,9 billones contra los consorcios, EPM debe agotar el requisito de la conciliación con los involucrados. Este proceso tardará tres meses y su duración máxima será hasta el 10 de noviembre. Dado el caso que fracase la conciliación, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en cabeza del Consejo de Estado, será quien dirima la controversia económica entre EPM y los consorcios”.
Los daños
Alexander Sánchez, vicepresidente de asuntos legales de EPM, manifestó que la reclamación se trabajó día y noche sin descanso con la revisión de más de 10.000 registros. Sánchez sostuvo que “cuando se habla de Hidroituango la idea que se tiene es que se busca desviar el curso del río Cauca para construir aguas arriba unas obras que permitieran la construcción del túnel derecho e izquierdo, pero el gran problema surgió con el cierre de las compuertas por los problemas geológicos”.
Dijo que a partir de ahí surgieron las dificultades que llevaron a que colapsara la galería que es conocida como la casa de máquinas. Este es un juicio de carácter civil del que existen unas pruebas y unos hechos comprobables que se pone en manos de un tercero. La demanda inicial será ante el Tribunal Superior Administrativo de Antioquia.
Oposición
Por su parte, el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, señaló que desconocía de las acciones legales que empezó la EPM por pérdidas millonarias en la construcción de Hidroituango.
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Ramos Botero dijo que “me parece gravísimo que la administración, la gerencia, los funcionarios de EPM, ignoren a la Junta Directiva en decisiones tan trascendentales como el tema de Hidroituango. Veo que hay mucha improvisación y que falta transparencia a funcionarios que deben responder por EPM, la gran empresa de los antioqueños”.
Hace un mes, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, presentó una solicitud al Consejo de la ciudad para ampliar el objeto social vigente de la compañía, más allá de la prestación de servicios públicos. Esto suscitó un debate por el alcance que tendría una eventual transformación de EPM, la cual destina billonarios recursos en transferencias cada año a la capital de Antioquia.
Para adelantar este cambio, Quintero pidió facultades ‘pro tempore’ bajo las cuales podría tomar decisiones sobre materias que son de competencia de las respectivas corporaciones públicas, por seis meses.
De este modo, EPM podría incursionar en actividades como servicios turísticos, nuevas tecnologías, infraestructura lineal, biocombustibles, movilidad sostenible, distritos de riego y drenaje, corresponsalías de seguros, construcción de vías, puentes y túneles, servicios postales o gestión de activos inmobiliarios, entre otras, algo que no se ajusta al foco histórico de la compañía, pero que también abriría un espectro de nuevos negocios a la empresa.