Fue rechazada “una supuesta participación en el ataque ocurrido el domingo pasado, contra un destacamento militar en el Estado venezolano de Bolívar” por parte del Gobierno colombiano.

A través de un comunicado, la Cancillería impugnó “enérgicamente las infundadas y malintencionadas acusaciones del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en contra del Gobierno de Colombia” y llamó “la atención de la comunidad internacional frente a estas temerarias acusaciones por parte de un régimen, que solo busca distraer la atención frente a los graves problemas domésticos inventándose enemigos externos”.

Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, aseguró ayer que el ataque fue perpetrado por un “grupo de desertores” de la Fuerza Armada venezolana “protegido, financiado y cubierta su logística por el gobierno de Iván Duque”.

El funcionario volvió a vincular a los gobiernos de Brasil y Perú con los hechos, en los que murió un militar de 21 años y fueron robados fusiles.

Rodríguez sostuvo que los atacantes robaron 120 fusiles de “alta potencia” y nueve lanzacohetes RPG. La mayoría de los fusiles y las demás armas fueron recuperadas, mientras que seis asaltantes están detenidos.

“La intención para robarse esos lanzacohetes era (...) eventualmente derribar un helicóptero o un avión militar de la Fuerza Armada colombiana o incluso actuar en contra de un avión civil en territorio colombiano para luego decir que se habían utilizado cohetes RPG de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela”, aseguró el funcionario.

“Esa era la instrucción que recibieron estos desertores, seguir actuando en todo tipo de acciones terroristas en Venezuela, pero también montar un falso positivo que sirviera de ‘casus belli’, de causa de guerra, para que Estados Unidos, su gobierno, pudiera intervenir militarmente en Venezuela”, añadió.

El ministro Rodríguez también involucró con el plan al diputado opositor Gilber Caro, cuyo arresto denunció la oposición el pasado viernes. Es la tercera vez que Caro es detenido.

Según el gobierno de Maduro, los desertores fueron entrenados en Cali, Colombia, y de allí viajaron por carretera a Ecuador -a cuyas autoridades Caracas pidió explicaciones-, Perú y finalmente a la localidad brasileña de Pacaraima, donde recibieron “instrucciones y planificación”.

En territorio peruano habían obtenido “apresto logístico”, dijo Rodríguez.

Maduro ya acusó en el pasado a Duque y a su antecesor Juan Manuel Santos de fomentar un conflicto con Venezuela e incluso planificar su asesinato.

Ya el gobierno brasileño había negado “cualquier participación” en el asalto.

“Brasil niega cualquier participación en el episodio”, indicó la Cancillería, sin ofrecer más detalles.

Por su parte, el ministro de Exteriores peruano Gustavo Meza-Cuadra rechazó “las falsas expresiones de Jorge Arreaza, en las que pretende vincular al Perú y al Grupo de Lima con acciones de violencia ocurridas en Venezuela”.

El canciller venezolano Arreaza había expresado que los implicados en el ataque tienen “su base de operaciones en Perú”, calificando de “cómplices” a las autoridades de ese país por permitir “impunemente” su organización.

“Es una estrategia golpista de triangulación de gobiernos del Cartel de Lima para producir violencia, muerte y desestabilización política en Venezuela”, tuiteó Arreaza.

El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, apuntó que, tras el asalto, varias unidades militares y policiales de la zona iniciaron la persecución de los atacantes, y lograron recuperar las armas, que no fueron cuantificadas.

Padrino reportó que los capturados "están aportando información de interés criminalístico", y que organismos de seguridad del Estado "están activados en persecución del resto".

Aunque no fue confirmado por las autoridades, varios medios locales informaron que el suceso se produjo en la Gran Sabana, una de las principales zonas turísticas del país petrolero, en el minero estado Bolívar (sur), fronterizo con Brasil.

En su descripción de los hechos, el portal digital El Pitazo indicó que los asaltantes, apoyados por un grupo de indígenas, tomaron el destacamento militar y una estación policial, llevándose más de 100 fusiles.

El 14 de diciembre, el gobierno venezolano acusó a dos parlamentarios de fraguar una tentativa de golpe contra Maduro, con la supuesta complicidad del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por medio centenar de países.

Según Rodríguez, el supuesto plan, que incluía la toma de dos cuarteles en el estado Sucre (este), formaba parte de una conspiración que sus autores buscaban extender a Caracas y otras regiones.