Colombia acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que defina los alcances de la responsabilidad del Estado en el genocidio en los años 80 y 90 contra el partido político Unión Patriótica (UP), que cobró la vida de dos de sus candidatos presidenciales y cerca de 4.000 de sus militantes por parte de fuerzas de extrema derecha.

A pesar de que ha reconocido su responsabilidad internacional en varios de estos hechos, puso en tela de juicio que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en donde se ha llevado este caso por cerca de tres décadas, haya desconocido la reparación colectiva que se viene adelantando e insista en la necesidad que ésta tenga carácter individual.

Informe

El 8 de mayo pasado la CIDH notificó al Estado el Informe de Fondo No.170/17 del Caso 11.227 Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica. Este caso se inició con una petición radicada en 1994, que fue admitida por esta Comisión que hace parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1997 y está relacionada principalmente con los hechos de violencia que afectaron a los miembros de la UP durante los años ochenta y noventa.

“El Estado colombiano lamenta los actos de violencia en contra de las víctimas de la Unión Patriótica y no desconoce la gravedad e importancia de este caso. Así mismo, el Estado ha reconocido su responsabilidad internacional en varios de estos hechos”, indicó la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

Añadió que si bien la CIDH valoró positivamente las medidas recientemente implementadas por el Estado en relación con el caso de la UP, desconoció el valor de éstas para la reparación integral de las víctimas. “Lamentablemente, la CIDH valoró este caso como uno más de trato individual, no como uno colectivo y emblemático en el marco del conflicto armado”, remarcó la entidad gubernamental.

Agregó que “esta posición desconoce la importancia e idoneidad de los mecanismos de justicia transicional con enfoque de reparación transformadora y colectiva, y en particular el establecimiento en el Acuerdo de Paz, del deber del Estado de implementar mecanismos de reparación a favor de la UP”.

CIDH y Corte IDH

La CIDH no es un órgano judicial y por lo tanto las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo No.170/17 no son órdenes judiciales, ni están contenidas en un fallo judicial. Por esta razón, Colombia ha tomado la determinación de presentar el caso ante la Corte IDH, para que sea este Tribunal el que defina los alcances de la responsabilidad del Estado en estos hechos del pasado de nuestro país.

“El Estado tiene la plena confianza de que una solución judicial de este caso permitirá adoptar las determinaciones que en derecho correspondan, sin desconocer los mecanismos de justicia transicional y el proceso histórico que está viviendo el país”, indicó la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, explicó que más allá de reparaciones individuales de carácter monetario, “estamos buscando reparaciones que tengan carácter colectivo y que transformen la sociedad. El Estado siempre está dispuesto a las soluciones amistosas. Lamentablemente el esfuerzo que se hizo durante varios años fracasó, precisamente porque resultó complicado definir quiénes eran las víctimas”.

A mediados del año 2016, el presidente Juan Manuel Santos dijo sobre el exterminio de la UP que “debemos reconocer que el Estado no tomó medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones, a pesar de la evidencia palmaria de que esa persecución estaba en marcha”.

Investigación no caduca

En octubre de 2014 la Fiscalía determinó como crimen de lesa humanidad el genocidio contra los integrantes de la Unión Patriótica. En esa oportunidad la Dirección de Análisis y Contexto de la entidad encontró que existió una alianza criminal entre paramilitares, agentes del Estado y sectores políticos para aniquilar esta formación política. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos  evidenció la persecución y la sistematicidad de los asesinatos. Entre los casos están los homicidios de los candidatos presidenciales Bernardo Jaramillo y Jaime Pardo Leal, del profesor y congresista Pedro Luis Valencia, el senador Manuel Cepeda y del abogado José Antequera.

En 2013 un fallo del Consejo de Estado le devolvió la personería jurídica a la UP y desde entonces ha participado en las elecciones parlamentarias de 2014, las territoriales de 2015 y las legislativas de este año.