Tras el recaudo de pruebas que comprometerían su responsabilidad con la organización criminal que lideró la multinacional Odebrecht en Colombia, la Corte Suprema de Justicia acusó ayer al suspendido senador Bernardo Miguel Elías, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), como presunto coautor de los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos, los cuales el parlamentario cordobés no aceptó.

En febrero pasado, la Corte condenó a Elías por estos mismos hechos a seis años y ocho meses de prisión por los delitos de cohecho y de tráfico de influencias, que aceptó.

En esta segunda investigación, la Sala Tercera de Instrucción de la Sala de Casación Penal estableció otras formas de participación con las cuales Elías Vidal habría actuado dentro del grupo de funcionarios públicos cooptados por la firma brasileña, para conseguir la adjudicación de obras de infraestructura mediante el pago de sobornos.

Nuevos elementos de juicio apuntan a que el político habría incurrido en los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos, indicó la Corte. Añadió que “en esta oportunidad, la Sala descubrió la probable unión de esfuerzos y voluntades del dirigente político colombiano con el resto de integrantes de la empresa delictiva, organizada por Odebrecht contra la administración pública y el sistema financiero. Sus acciones habrían ido más allá de la ‘venta’ de la gestión como congresista, para actuar en el diseño y ejecución del blanqueo de capitales, ocultando y borrando el origen y destino ilícitos de los dineros dedicados a pagar millonarias coimas”.

Como se sabe, estos expedientes se enmarcan dentro de lo que públicamente se conoce como el ‘escándalo de corrupción de Odebrecht’, empresa que replicó en Colombia una estrategia ilegal, aplicada también en otros países, de acceso a la contratación de obras públicas a través de la entrega de millonarios sobornos a funcionarios de distintos niveles y a particulares.

Tras la primera condena el Alto Tribunal indicó en la sentencia que “en este contexto se da la vinculación del senador Bernardo Miguel Elías Vidal”, de quien dijo prestó su concurso al conglomerado económico con el propósito de consolidar su actividad en el país, con intervención directa ante diferentes entidades y funcionarios, según los requerimientos de cada situación, aprovechando la condición de congresista.

Añadió en esa ocasión la Corte en la sentencia que “constituye un resquebrajamiento total de la función pública el que un servidor acepte una promesa remuneratoria y reciba dinero para ejecutar actos contrarios a sus deberes oficiales, así como también que utilice indebidamente las influencias derivadas del ejercicio de su cargo y/o de su función para incidir sobre otro en los asuntos que conoce o va a conocer”.

Agregó en esa oportunidad el Alto Tribunal en la sentencia que “en un caso como el presente, ello equivale, ni más ni menos, que a mancillar la dignidad, el cargo y la función, convirtiéndose en un mandadero de una empresa extranjera o multinacional, y poniendo las instituciones públicas al servicio de los intereses de ese capital, con evidente traición al pueblo, cuya representación se ejerce”.

Su participación

Bernardo Elías, quien fue el segundo Senador más votado en los comicios de 2014, tras Musa Besaile (también La U), fue privado de la libertad en agosto del año pasado después de que la Corte lo vinculara a esta investigación con base en el testimonio del exsenador Otto Bula, del Partido Liberal, quien también fue capturado y aceptó que recibió 4,5 millones de dólares de Odebrecht con el fin de que le ayudara ante el Gobierno para la aprobación de un otrosí al contrato de la Ruta del Sol II para la construcción de la variante Ocaña-Gamarra.

Elías aceptó que gestionó reuniones entre Eleuberto Martorelli, entonces presidente de Odebrecht en Colombia, y Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, para que se discutieran la adición Ocaña-Gamarra, lo cual este último niega.

El suspendido Senador ha dicho que su papel a favor de los apetitos de Odebrecht de quedarse con la contratación era limitado porque las decisiones de los proyectos viales le correspondían al Ejecutivo.

Sin embargo, el exsenador Bula dijo a la Fiscalía que Elías hacía parte del grupo de congresistas conocido como ‘Los Buldozer’, que hicieron gestiones ante entidades y el alto Gobierno para que esta multinacional lograra sus objetivos.

Elías propuso a principios de este año a la Corte una matriz de colaboración frente a la segunda investigación, que por el momento no pinta nada bien para él, porque como se dijo fue acusado ayer como presunto coautor de los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos.