El vicepresidente Óscar Naranjo destacó durante una reunión de seguridad en Tumaco que en la población no ha ocurrido un homicidio en los últimos 45 días. El municipio había registrado 94 asesinatos en los primeros cuatro meses de 2018, un incremento del 47% con respecto al mismo periodo de 2017, situación que generó alarma e interrumpió la calma que el acuerdo de paz de La Habana le trajo a la población. 

Naranjo y su equipo se reunieron en la mañana con los miembros del Comité Tumaco, Unidos por la Paz y la Justicia para hacerle seguimiento a las acciones y compromisos en seis frentes: seguridad, salud, educación, infraestructura, jóvenes y desarrollo económico. 

Uno de los énfasis de la reunión fue plan Tumaco Seguro que busca hacerle frente a la compleja situación de seguridad que enfrentan los ciudadanos. En el departamento de Nariño, del que Tumaco hace parte, están presentes grupos armados como las disidencias de las Farc, la guerrilla del ELN y bandas asociadas al narcotráfico.

Respecto a la protección de las personas que hagan denuncias, Naranjo anunció medidas para garantizar que no sean objetos de amenazas y acciones para que los ciudadanos confíen en las autoridades.

“Con relación a la preocupación de los líderes sobre el riesgo de las denuncias en temas de seguridad, queremos recuperar la confianza a través de una mesa de diálogo mensual con la comunidad, el gobierno central, y la Procuraduría para tratar los temas con mayor confidencialidad, y a través de una línea directa central con el Ministerio de Defensa para que se hagan las denuncias”, declaró Naranjo. 

El vicepresidente sostuvo que una de las situaciones que más afecta a la población en Nariño es la explosión de cuatro torres de energía en lo corrido del año por parte de grupos ilegales. La más reciente fue el jueves 10 de mayo.

“La población se ve muy afectada por la falta de energía. El Gobierno ha desplegado 800 hombres en las áreas cercanas a las 160 torres de energías en una extensión de 340 kilómetros, un territorio bastante amplio donde hay vulnerabilidad. Trabajamos con intensidad para restablecer el servicio”, le dijo Naranjo a los medios de comunicación antes de la reunión.

Uno de los principales compromisos que tiene el Gobierno colombiano es con los jóvenes nariñenses y la implementación de un plan integral de apoyo, principalmente con aquellos que presentan un mayor grado de vulnerabilidad de ingresar a las filas de los grupos armados ilegales.

Para esto se contempla componentes de atención psicosocial, programas educativos y generación de empleo de emergencia que incluyen actividades como limpieza de playas y reforestación de manglares. Se han creado 525 proyectos de emprendimiento para jóvenes de Tumaco.

El representante del componente de Desarrollo Económico y director de Cordeagropaz, Bismark Preciado, fue enfático en solicitarle al Gobierno el apoyo económico para la producción de palma de aceite, una de las principales actividades económicas de Tumaco.

“Si esta actividad muere, que ya ocurrió una vez, qué otras alternativas tienen los habitantes de Tumaco más allá del cultivo de coca”, expresó Preciado.

Los líderes sociales manifestaron su preocupación por la restitución de cultivos ilícitos y sobre el impacto para las familias que se acogieron al programa, porque se cree que en un periodo de dos años retomen esta actividad ilegal.

El vicepresidente recordó que en la región del Pacífico Sur hay cerca de 22 mil hectáreas de coca sembradas, en las que se cultivan cerca de 110 toneladas de esta droga al año.

Por su parte, Jhon Preciado, secretario de gobierno de Tumaco, aseguró que si bien en Tumaco no ha habido homicidios en los últimos 45 días es importante tener en cuenta que en poblaciones cercanas sí se han presentado. El funcionario solicitó el aumento del pie de fuerza policial en la Isla del Morro y en la Isla Continental, donde se han presentado cinco homicidios durante el mismo periodo.

Otras de las solicitudes de los líderes sociales al vicepresidente y su equipo de trabajo fueron los desembolsos de recursos para los hospitales Divino Niño y San Andrés, celeridad en la apertura de un servicio de urgencias, ampliación de plantas de docentes para áreas rurales específicas y el desembolso de recursos para un proyecto de producción de coco.​