Pendientes de definir una nueva fecha para sesionar en la convulsionada región del Catatumbo, están los integrantes de la Comisión de Paz del Congreso.

La semana pasada, al reunirse los representantes y senadores que componen esa célula, acordaron ir al Catatumbo el 24 de mayo. Sin embargo, como lo ha informado EL NUEVO SIGLO, los legisladores definieron después usar precisamente esa semana, entre el 21 y el 25 de mayo, para concentrarse en la primera vuelta presidencial que será votada el 27.

El propósito de la Comisión es hacer un control político a la atención que el Gobierno les haya brindado a las comunidades.

Implementación

Con el firme propósito de lograr el cese el fuego y un proceso de paz más robusto, la Comisión se reunió con voceros de varias organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, y embajadores de diferentes partes del mundo, para analizar y proponer elementos esenciales que hace falta potencializar en la implementación del acuerdo, con el propósito que sea directo, decisorio e incluyente  con las comunidades.

Durante el desarrollo de la jornada, varias intervenciones coincidieron en que hay que crear mecanismos de participación ciudadana, hacer inversión social en las regiones, e incentivar las actividades lícitas, con el firme objetivo de evadir las labores ilícitas, que hoy por hoy son la única opción que tienen muchas familias en el campo para sobrevivir.

La senadora Claudia López, de la Alianza Verde, consideró que se debe avanzar en el desarrollo de la reforma rural integral, además de cumplirle al campesino con la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, a la vez que expresó su apoyo para que el proceso continúe.

"Soy partidaria de que la mesa se reactive, pero estos grupos subversivos  deben mostrar voluntad, porque la dinámica de la violencia en los territorios está creciendo y eso es alarmante", precisó.

Desde la perspectiva del senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, el acuerdo es un asunto fundamental de soberanía, en el que se deben ver varios avances en las conversaciones antes del 7 de agosto de este año, para tomar decisiones fundamentales que hagan el proceso irreversible.

"Debe haber un acto de soberanía nacional, para que el proceso no se vuelva un estorbo apocalíptico", expresó.

En el mismo sentido, el embajador de Países Bajos, Jeroen Roodenburg, aconsejó seguir con el proceso de conciliación, trazando exigencias y resultados de las dos partes involucradas.

"Debe haber un común acuerdo entre las partes para que se vean los avances, y que se logre un nuevo cese el fuego más robusto", aclaró.

Por último, los senadores Roy Barreras, de Partido Social de Unidad Nacional (La U) y Alberto Castilla, del Polo, expresaron que siguen viendo el proceso de paz como un propósito nacional, y que se debe hacer un gran esfuerzo para aclimatar la paz con la mejor energía.

Santrich

Frente a la delicada situación de alías Jesús Santrich, acusado de incurrir en delitos de narcotráfico luego de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana con las Farc, el representante por Antioquia, Víctor Correa, del Polo Democrático, dijo que “es obligación del Gobierno garantizar la salud y la vida de Jesús Santrich, así como garantizar su comparecencia ante los mecanismos de justicia nacional si hizo algo por fuera de lo contenido en los acuerdos y siguió delinquiendo”.

A su turno, el representante por Bogotá, Telésforo Pedraza, del Partido Conservador, sostuvo que “al Gobierno no le ha faltado voluntad y compromiso para ayudar y asistir a Santrich. Ninguno está interesado en que se muera, pero hay aspectos de controversia frente a las decisiones individuales que pueda tomar respecto a su salud”.